La reforma del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, elimina la figura del Gerente de Fronteras o de la formalmente denominada Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante.
Se suele pensar que la administración migratoria es una responsabilidad exclusiva de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, pero la misionalidad y capacidades de dicha institución se restringen al registro y la regularización migratoria, su incidencia en la integración o en la gobernanza de los fenómenos de movilidad humana son muy limitados.
Cuando inició la crisis por la movilidad humana proveniente de Venezuela en agosto de 2015, la respuesta del Estado colombiano se concentró en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como si se tratara de un desastre natural que obligaba una respuesta de emergencia.
Dicha dependencia fue la responsable de la coordinación de la institucionalidad nacional y local para atender a los miles de colombianos que llegaban huyendo de la persecución que el Gobierno de Nicolás Maduro desataba en la zona de frontera con las Operaciones para la Liberación del Pueblo.
Por eso, la Ungrd terminó asumiendo durante los primeros años parte de las responsabilidades en el abordaje y atención de los migrantes y retornados provenientes de Venezuela.
Incluso, en el primer semestre de 2018 fue la institución responsable de desarrollar el Registro Administrativo de la Migración Venezolana (Ramv) con el apoyo de la cooperación internacional y articulado a las personerías. Entre tanto, surgía la figura de la Gerencia de Frontera con Venezuela, a la que le correspondería articular las diferentes instancias del Estado colombiano en una crisis que se prolongaba en el tiempo.
Sin presupuesto, sin funciones claramente definidas, con un pequeño equipo de asesores pago por la cooperación internacional, en una oficina sin ventanas en el Palacio de Nariño, le correspondió a Felipe Muñoz, asumir la gestión de la migración. Sobre todo, empezar a construir espacios de diálogo entre ministerios, cuerpos de seguridad, gobernadores, alcaldes, funcionarios nacionales y locales, actores de los sectores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, migrantes venezolanos y comunidades receptoras, para ir resolviendo el día a día de la migración.