La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años impuesta a la exgobernadora de La Guajira en 2016, Oneida Pinto Pérez por irregularidades en la adjudicación de un contrato para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones, en los colegios públicos del departamento, suscrito por más de $20.000 millones.
El Ministerio Público estableció que en el pliego de condiciones se fijaron unos requisitos de experiencia y capacidad financiera que no estaban de acuerdo con el objeto y la cuantía del contrato a ejecutar, exigencias que impidieron la participación de potenciales oferentes en el proceso de licitación.
El Ministerio Público señaló que esas exigencias obedecieron a criterios de orden subjetivo: “o al capricho de los responsables que elaboraron el pliego de condiciones, y agregó que los requisitos fijados no cumplieron el deber de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, como lo exige la ley”, dijo la Procuraduría.
En fallo de segunda instancia, la Sala de Juzgamiento confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años proferida en contra de la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza.
La Procuraduría además explicó en su comunicado que con el fallo de segunda instancia la sanción impuesta a los investigados quedó en firme: “ya que los investigados no se encuentran en el ejercicio de un cargo de elección popular”, por lo que, no tendría revisión automática del Consejo de Estado.