En la ponencia presentada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, figuran más de $3.000 millones que la campaña Petro Presidente no reportó en 2022.
Con una ponencia de más de 100 páginas, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada; y Benjamín Ortiz, buscan que al presidente Gustavo Petro y al gerente de la misma campaña, Ricardo Roa, entre otros, se les formulen cargos por la financiación irregular que habría tenido la contienda en 2022.
“Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”, dice la ponencia de los magistrados que han sido cercanos al Partido Liberal y al Centro Democrático.
En el documento, que pondrán a consideración de todos los magistrados, se dallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas.
El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe detalles que así ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230. Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
“Empezó el golpe blando”
Luego de conocerse que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz buscan formular cargos por la financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el mandatario de los colombianos se refirió al respecto y sostuvo que inició el “golpe blando”.
“Como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña”, afirmó el jefe de Estado.
De igual manera, Gustavo Petro sostuvo que los gastos de testigos electorales no representan actos de campaña. “Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones”, afirmó Petro.