Los presidentes del Congreso de la República, el conservador Juan Diego Gómez y la representante por el Centro Democrático, Jennifer Arias, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en rechazo a una supuesta intromisión de ese tribunal en los asuntos del Estado respecto al fallo de Gustavo Petro.
“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, dice la comunicación de las cabezas del poder legislativo en rechazo a las posturas de este tribunal internacional.
La génesis de esta discrepancia vienen desde el 25 de noviembre del 2021. Ese día la Corte IDH publicó una resolución de seguimiento al Estado colombiano en relación con el cumplimiento del fallo que profirió ese tribunal y que le devolvió los derechos políticos al Senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro.
En la misiva de la Corte IDH se dice que Colombia, y en particular la Procuraduría, no cumplen con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado Colombiano por la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Petro.
“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresa el documento que fue emitido el pasado 25 de noviembre por la CIDH.
Aunque el documento tiene firma de noviembre, cobró relevancia cuando se conoció que la Procuraduría creará 1.208 cargos nuevos en esa institución, según la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello, para darle cumplimiento al fallo de la Corte IDH, en el caso Gustavo Petro.
“La ampliación de planta de la Procuraduría obedece a una sentencia, luego de una demanda de Gustavo Petro”, fueron las declaraciones de Cabello en su momento a Medios de Comunicación.
Fue en ese sentido que la Corte también expresó que el Ministerio Público todavía no adecuaba su normativa interna para evitar que se impusieran sanciones de destitución en inhabilitación a funcionarios, democráticamente electos, desde esa institución.
Ante esto, Gómez y Arias se sumaron a la puja e indicaron que las funciones que mantiene la Procuraduría de sanción, destitución e inhabilitación “le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción”.
Los presidente de la Cámara y el Senado también le alegaron a Elizabeth Odio Benito, presidenta de ese Tribunal, que Colombia siempre se ha esforzado “por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”.
Finalmente estos congresistas le recordaron a la Corte IDH que actualmente cursa una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que reformó el Código Disciplinario de la Procuraduría y, por tanto, pidieron que no se emitan más pronunciamientos antes de que dicha acción jurídica quede resuelta.