La iniciativa de la paz total busca hacer acercamientos por parte del Gobierno con grupos al margen de la ley como las disidencias, Clan del Golfo, entre otros.
La ponencia que comenzó a ser estudiada este lunes, 26 de junio, en la sala plena de la Corte Constitucional pide tumbar la ley de paz total del presidente Gustavo Petro que habilita al Gobierno nacional a hacer acercamientos de paz con organizaciones como disidencias de las Farc, Clan del Golfo y otros grupos de narcos.
Vale recordar que esta ponencia estudia una demanda presentada contra la ley de paz total, que es la 2272 y que fue aprobada en el 2022. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es el ponente del caso, les pidió a sus ocho colegas tumbar esta ley por vicios de trámite.
Se argumenta que, aparentemente, se violó el trámite en el Congreso de la República, en este caso, la consecutividad, es decir, que se habría saltado algunos debates reglamentarios y, además, no estuvo avalada antes por el Consejo de Política Criminal.
La iniciativa de la paz total es una de las grandes apuestas del Gobierno Petro, pues es el eje principal para llegar a acuerdos con los diferentes grupos criminales a excepción del ELN, pues con este se tienen las conversaciones de paz.
En caso de que se tumbe esta ley de paz total, el Gobierno tendría que empezar nuevamente el camino en el Congreso de la República para que sea nuevamente aprobada.
¿Qué pasará ahora en la corte con la paz total?
El 11 de julio se reanudará el debate de la paz total, pues habrá una suspensión de términos por la salida de la magistrada Martha Sáchica Méndez, quien se desempeñaba como secretaria general de la alta corte y está en empalme con su sucesora.
De esta manera, los nueve magistrados de la Corte Constitucional, uno de ellos el ponente Ibáñez, volverán dentro de dos semanas para debatir la ley de la paz total, analizar los argumentos de la ponencia y decidir el futuro de uno de los puntos clave del Gobierno nacional.
Vale recordar que, en su momento, la Procuraduría también había pedido en un concepto que se tumbara esta ley, además, porque no se había tenido en cuenta a las víctimas del conflicto armado en el país.