Teniendo en cuenta las cifras de hacinamiento que registran las cárceles del país, el senador de la República y presidente de Comisión Accidental para la Crisis Carcelaria, Gustavo Moreno, indicó que el sistema penitenciario requiere de una reforma que debe ser apalancada por el Gobierno Nacional.
Según el legislador, esta reforma debe incluir la eliminación de la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, dependencia a la que considera como un ‘nido de corrupción’
“Le propusimos al Gobierno Nacional que hay que eliminar la Uspec. La Uspec no sirve para nada, sino que ha sido un nido de corrupción”, dijo.
“Necesitamos una entidad gigantesca y fortalecida para el sistema carcelario que pueda garantizar la resocialización en este país, por eso le hemos pedido al presidente que el próximo director del Inpec debe tener otro enfoque, un enfoque social”, agregó.
Y es que según el senador Moreno, la Uspec, que es la entidad que tiene a su cargo la construcción y adecuación de las cárceles del país, destina una cantidad mínima de su presupuesto al componente de resocialización.
“Cuando llevamos a debate de control político al director de la Uspec le preguntamos dónde se están invirtiendo los 1.5 billones de pesos, porque recorrimos las cárceles del país y no hemos visto reflejada la inversión, hoy hay una corrupción en el sistema penitenciario y carcelario”, precisó.
“¿Cuánto se está invirtiendo en la resocialización? No están invirtiendo sino $2.000 millones de pesos. Hoy un guardia del Inpec necesita un candado para una reja y tiene que mandar un documento a la Uspec para que ellos compren el candado, le responden a los seis meses y es mejor hacer una vaca entre los guardias para comprar el candado porque nunca va a llegar de la Uspec ¿Dónde se está invirtiendo esta plata?”, sentenció.
Finalmente, el senador expuso que esta reforma también debe contener la posibilidad de hacer de las cárceles ‘colonias agrícolas’, en la medida en que puedan ser empleados algunos terrenos, en su mayoría de los administrados por la SAE, para que las personas privadas de la libertad inicien sus unidades productivas y garanticen con ello, su proceso de resocialización.