A través de una acción de tutela que interpuso este mes ante los juzgados de Barranquilla, el empresario Emilio Tapia Aldana exigió que la exministra de las TIC Karen Abudinen Abuchaibe “cese de manera inmediata” toda clase de publicaciones en su contra.
En el documento, radicado el pasado 1 de noviembre, Tapia pide que se le amparen sus “derechos fundamentales a la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar, y prohibición de la discriminación” que le asiste a él y a sus hijos menores de edad.
Dice que los anteriores son derechos que le “vienen siendo vulnerados” por parte de la exfuncionaria, ya que ha sido “objeto de persecución, ataques, difamaciones y actos de desinformación, injurias y calumnias de manera sistemática y reiterada”, a través de redes sociales y entrevistas concedidas por Abudinen a medios de comunicación, en las que ella, incluso, se ha referido a él como un “hampón”.
“Bajo el usuario @karenabudi ha difundido información falsa, tendenciosa, inverídica y parcializada en mi contra, relacionada con aspectos propios de mi intimidad personal y familiar que denotan, por demás, una clara manifestación de la violencia histórica y prejuicios estructurales de la sociedad que rechaza; y que, de contera, afecta mis derechos al buen nombre y honra, lo mismo que en entrevistas públicas a medios de comunicación difundidos ampliamente en el territorio nacional”, se lee en la tutela.
Entre las medidas provisionales que solicitó Tapia también se lee: “oficiar a la red social Twitter y compulsar copias de la presente demanda de tutela, para que esa plataforma, a través de sus acciones de cumplimiento, mecanismos de seguridad y medidas de ejecución implementados, determine el obrar del usuario ‘@karenabudi’ con ocasión de las publicaciones que han difundo en su respectiva cuenta en contra de mi nombre, debido que atenta contra sus reglas, políticas y directrices o comporta abuso de las mismas, a efectos de que se adopten las determinaciones pertinentes”.
Vale recordar que Abudinen se vio forzada a renunciar a su cargo como ministra de las TIC cuando se detectaron irregularidades en un contrato para llevar internet a zonas rurales del país, entre ellas la presentación de documentos presuntamente falsificados.