Los que creen que los comparendos por infringir normas durante la pandemia son un saludo a la bandera se equivocan. Al momento de un tramite oficial o para acceder a un trabajo es necesario que no tengas multas pendientes. Ante la exigencia, buena parte de los amonestados en Montería comenzaron a pagar.
Lo hacen no solo en efectivo, sino con servicio social. En promedio la Secretaría de Gobierno local tramita certificados para validar que los sancionados han cumplido con tareas de limpieza en parques y otras labores comunitarias.
“No se trata de exponerlos al escarnio, sino que entiendan que todo el que infrinja normas debe asumir responsabilidad social, además de la pecuniaria”, declaró el secretario de gobierno municipal, Gabriel Moreno.
Los meses en los que se movió la caja registradora fueron enero y febrero, y aunque es solo el 15% del total de los amonestados durante el año de la pandemia, queda demostrado que en cualquier momento quienes infringieron el toque de queda, ley seca, el no uso de tapabocas, entre otras obligaciones deberán pagarla.
Los recursos que se perciben por esos conceptos van a una cuenta que distribuye porcentualmente a programas de la Policía, inspecciones, y financiación de actividades de cultura ciudadana.