La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos.
La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del deterioro especial en Centroamérica.
Transparencia Internacional, TI, publicó este martes su Índice de Percepción de la Corrupción, CPI, de 2021, que advierte de esa evolución en Centroamérica, donde avanza el autoritarismo, pero también de los datos de la última década en democracias consolidadas como Chile.
Prácticamente ningún país puede presumir de mejoras importantes en estos últimos diez años en los que se lleva publicando el índice, puesto que la gran mayoría apenas han registrado avances o incluso han retrocedido en la clasificación que TI elabora cada año.
A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de la región según ese índice.
Del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23).
El informe repasa también la evolución en estos últimos diez años de clasificaciones: Paraguay es el único que ha mejorado significativamente su puntuación; Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela han caído considerablemente.
Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina de TI, explicó que este estancamiento no solo “ha socavado la democracia y los derechos humanos”, sino que también ha reincidido en los índices de pobreza y desigualdad y afectado a la lucha contra la pandemia.
Democracia y corrupción
La ONG lamenta que a pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional de actuar contra este fenómeno, la corrupción sigue debilitando la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Torchiaro reconoce que la región cuenta con una buena legislación contra la corrupción y que los gobiernos han asumido compromisos pero que “faltan acciones firmes para cumplirlos”.