La Fiscalía solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá enviar a la cárcel al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, porque presuntamente habría entregado durante casi una década contratos estatales a personas vinculadas con la guerrilla del Eln.
Esta solicitud la hizo argumentando que José Facundo Castillo, durante sus dos períodos como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – a la fecha), habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con altos mandos del E en Arauca y Venezuela.
Estas acciones fueron consideradas por el fiscal del caso como hechos no aislados, pues son parte de un “proyecto delictivo que lleva años enquistándose en la sociedad araucana y que hoy en día lo podemos develar y, por eso, el requerimiento de generar una medida privativa de la libertad para asegurar los fines constitucionales y para que se pueda llegar a la verdad”.
De acuerdo con la Fiscalía, José Facundo Castillo entre 2012 y 2015 entregó ocho contratos a Jhonny Alexander Bello Ortega, alias ‘El Gordo Giovanni’, los cuales ascienden a 5.300 millones de pesos, por diferentes objetos como estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y fueron manejados por la guerrilla para “financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región”.
Además, durante ese periodo el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido como gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento, en donde, incluso, los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por Castillo Cisneros en las elecciones regionales.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2021 “fue reconocido el poder político y económico de José Facundo Castillo al interior del Eln, por parte sus milicianos, quienes constantemente estaban al servicio de su seguridad personal y de la administración de las fincas de su propiedad, en atención a los acuerdos que existían entre ambas partes”.
Estos acuerdos consistían, según la Fiscalía, en la entrega de dinero entre 1.000 y 2.000 millones de pesos al ser electo gobernador y la participación del 10 % del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de las tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.
Por estos hechos, José Facundo Castillo fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación .
El ente acusador aseguró que adelanta una investigación por estos mismos hechos contra Ricardo Alvarado Bestene, antecesor de Castillo en la gobernación y quien también estaría involucrado en hechos de corrupción durante las tres últimas administraciones en ese departamento, y al cual no se ha podido imputar porque ha dicho que su estado de salud no le permite comparecer a la diligencia.