En medio de la diligencia judicial en contra de Day Vásquez en la cual la Fiscalía firmará el principio de oportunidad, el ente acusador confirmó que pedirá medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por presuntas irregularidades en contratación.

En la mañana de este martes, 30 de enero, el fiscal Mario Burgos afirmó en medio de la diligencia judicial en contra de Day Vásquez, quien espera firmar el principio de oportunidad, que pedirá medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos por presuntas irregularidades en contratación.

La Fiscalía buscará radicar la acusación con al menos cuatro delitos nuevos por las irregularidades en los contratos que suman más de $3.000 millones, y los cuales se celebraron con la Fundación Conciencia Social en 2021 y 2023
Para el ente acusador, el mismo Nicolás Petro Burgos habría tenido participación en los millonarios contratos, en los cuales se tuvo como objeto contractual la implementación de centros móviles para adultos mayores, los cuales tuvieron costos que superaron los $1.700 millones.

«Los cinco contratos listados se desarrollan entre el año 2021 y el año 2023 y el segundo de estos estaría vigente, de acuerdo con la fecha de finalización a noviembre de 2023. El valor consolidado de los cinco contratos es de 3.614.561.920”, dice la Fiscalía, según reveló Noticias RCN.

Si bien es cierto que en este momento Nicolás Petro Burgos está en libertad en medio de su proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía estudia la posibilidad de pedir medida de aseguramiento.

Petro Burgos, a juicio
Justamente a principios de enero, ante un juez de Barranquilla, la Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al considerar que el exdiputado no tuvo cómo demostrar el aumento en su patrimonio.

«La Fiscalía lo acusa a usted, Nicolás Petro, a título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y a título de dolo como coautor del delito de lavado de activos al adquirir, ocultar y encubrir el dinero recibido», afirmó en medio de la diligencia judicial el fiscal del caso, Mario Burgos.

En la audiencia, el ente acusador volvió a exponer las cuentas financieras, los gastos e ingresos que tuvo el exdiputado del Atlántico que, para la Fiscalía, no fueron fáciles de justificar por parte del hijo del presidente Gustavo Petro.

Arriendo de un apartamento de $23 millones, arriendo de una casa por un valor de $86 millones, arriendo de un apartamento por $38 millones, cuota inicial de una casa por más de $600 millones, compra de un vehículo por $200 millones, gastos en almacenes por $157 millones, fueron las cuentas cuestionadas por la Fiscalía.
«Usted debía tener 1.450 millones de pesos para poder soportar todos sus gastos (…) Entre los meses de julio y diciembre de 2022, usted realizó gastos por $1.205 millones. Sin embargo, para 2022, usted solo contaba con $280 millones. El resto del dinero no es producto de su labor como diputado», cuestionó el fiscal Mario Burgos.

En medio de su intervención, el ente acusador afirmó que Nicolás Petro Burgos ocultó montos de entre los $3 millones hasta los $500 millones en «fajos» entregados por personas como el empresario Máximo Noriega.

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