Durante la audiencia pública de la reforma a la Salud en el Congreso de la República, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix Martínez, aseguró que el “seguro social está de vuelta gústele a quien le guste”.
Según Martínez, “venimos de una etapa muy neoliberal en donde el gobierno trabaja para los empresarios”.
En esa línea, el director de la ADRES sostuvo que no debe ser así, pues “el mundo está volviendo a un capitalismo más armónico que garantice beneficios a los trabajadores” y agregó que “si no les gusta esa democracia, lo entiendo, pero los trabajadores deciden en el país”.
En su pronunciamiento, el director de la ADRES aseguró que esta afirmación se basa en la declaración del Centro de Estudios de Davos que advierte que debe existir un trabajo armónico entre patronos, trabajadores y gobierno.
PERSISTEN LAS PREOCUPACIONES
Por su parte, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud en Colombia, (Gestarsalud), una de las agrupaciones mas grandes que reúne a las EPS, en palabras de su presidenta, Carmen Eugenia Davila, aseguró que está reforma no es un modelo de seguridad social en salud, el nuevo modelo que plantea el gobierno es un modelo de prestaciones con un monopolio estatal, además señalo que existen riesgos en la fragmentación de la atención limitando la libre elección lo que perjudicaría a los usuarios.
Por otro lado, otro punto crítico para esta agremiación está relacionado con los riesgos de sostenibilidad que podría generar este modelo y de los que se han hablado reiteradamente en algunos debates.
«Aquí se ha hablado que con los recursos de la administración que es entre 8% o 10% que se reconoce se podría financiar algunas de las inversiones y gastos que se plantean en la reforma, pero es que no estamos teniendo en cuenta que la siniestralidad promedio de las EPS van por el orden del 96% es decir que esos recursos de los 6 billones de los que se hablan no existen, porque se están pagando en gran parte en salud», puntualizó la presidenta de Gestarsalud.
Así mismo, el tema de los medicamentos fue otro punto que hizo parte de la discusión, por su parte Claudia Vaca, directora del Centro de pensamiento de la universidad Nacional, todo sistema de salud independientemente del enfoque o esquema político del gobierno o del estado, debe estar por encima de la protección al derecho fundamental a la salud, considera que la política de medicamentos en el proyecto de ley es muy disperso.
«No hay una apuesta por la selección de medicamentos esenciales se apuesta por el todo incluido, tampoco está claro para generar una producción local de medicamentos basado en este concepto de medicamentos esenciales y que recobre la autonomía sanitaria del país que se vivió y se agudo durante la pandemia», señaló Vaca.
Entre tanto para Hernan Redondo, médico magistrado del tribunal de ética médica de Cundinamarca comparte puntos positivos de la reforma como fortalecer la atención primaria, fortalecer la red pública hospitalaria, el giro directo de la Adres a los prestadores de servicios, así como el nuevo régimen salarial para los trabajadores del sector de la salud, sin embargo también tiene algunas preocupaciones.
«Se desmonta completamente el aseguramiento como hoy lo entendemos, se desmonta totalmente el modelo de atención como hoy lo entendemos y el flujo de los recursos como hoy existen, en ese sentido no se construye sobre lo construido, al contrario se genera riesgos para la atención de la población, habrá muchos tratamientos inconclusos, muchos cambios de IPS que van a generar costos» aseguró Redondo.
Quien además agregó, que la creación de las 33 oficinas de la Adres a nivel nacional y demás instituciones nuevas como lo plantea la reforma estas deben tener una curva de aprendizaje que podría afectar seriamente el servicio de salud.
«En esa curva de aprendizaje desafortunadamente tiene un costo y ese costo se va a medir en morbilidad y mortalidad evitable, como lo ha señalado el señor Superintendente Ulahy Beltrán hay un monto de deuda en el sistema superior a los 23 billones de pesos no se puede iniciar un nuevo sistema de salud con ese facto encima», señaló Redondo./Colprensa