La reforma a la arquitectura de la institucionalidad electoral y la expedición de un nuevo código electoral deben ir de la mano, precisó la Misión de Observación Electoral.
El 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso de la República elegido el pasado 13 de marzo. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral – MOE, urge que en los próximos cuatro años el legislativo avance en una serie de reformas que permitan fortalecer la democracia colombiana y resolver los problemas evidenciados tanto en las elecciones a Congreso como a Presidencia de la República.
La organización explicó que si bien las pasadas elecciones presidenciales se caracterizaron por ser jornadas electorales que se desarrollaron de forma pacífica y con amplia participación junto con la del Congreso, dejaron en evidencia, una vez más, la urgente necesidad de hacer reformas al sistema electoral y político colombiano.
De acuerdo con la MOE, dichas reformas deben fortalecer las capacidades de investigación y sanción de las autoridades electorales, generar mayor certeza y confianza en los resultados y en cada una de las etapas de los comicios, generar mayores garantías de transparencia y equidad en los recursos con los que se financiación las campañas y fortalecer el funcionamiento de las organizaciones políticas.
De igual manera, puso de presente la importancia de resolver los problemas de funcionamiento interno de los partidos, de las coaliciones, de la financiación de las campañas, de los procedimientos electorales y sus auditorías, y por sobre todo, del actual diseño institucional electoral.
Esta no es una discusión nueva, los temas que proponen ser incluidos en la agenda legislativa han sido ampliamente discutidos por las diferentes organizaciones políticas, comunidad académica y expertos electorales y la MOE en al menos los últimos 12 años. “Sobre las diferentes reformas propuestas se han logrado múltiples consensos entre los distintos sectores políticos del país y se cuenta con propuestas que están listas para ser debatidas y concertadas por las diferentes bancadas” señaló la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
Crisis de credibilidad
A su vez, Barrios aseguró que los diferentes problemas y crisis de credibilidad que se presentaron en el último proceso electoral pusieron sobre la mesa la necesidad urgente de rediseñar la institucionalidad electoral colombiana, lo que implica reformar a las distintas autoridades electorales incluyendo a aquellas que se encargan de administrar justicia en este tema, de tal forma que de manera colegiada se pueda hacer frente a la organización de los procesos electorales, y a la resolución de problemas que en dicho contexto se presenten.
Para la organización, la actual arquitectura de la organización electoral no cumple con estándares de independencia partidista, neutralidad, imparcialidad y especialización que son la base de la credibilidad y confianza de las autoridades electorales. Es necesario mejorar la gobernabilidad de las elecciones a través de una autoridad electoral con capacidad técnica y presencia territorial que le permita ejercer un control oportuno.
La misma señaló que una vez se reforme la arquitectura de la institucionalidad electoral es necesario avanzar en la expedición de un código electoral.
Por eso, anotó que indiscutiblemente los procedimientos electorales dispuestos en el código actual no están en el mismo compás de la Constitución Política y muchísimo menos a la inclusión de tecnologías dentro del proceso electoral, lo cual conlleva a que la aprobación del Código Electoral sea indispensable, pues es en esta norma en la que se puede garantizar una mayor transparencia, claridad y mecanismos de protección, sobre la inscripción de cédulas, la designación de jurados de votación y por supuesto los resultados electorales.
Las auditorías
Uno de los principales temas que sobresalió en estas elecciones, indicó la MOE, fue el de las auditorías y debido a ello en la discusión de este código se deben contemplar mecanismos para que se puedan realizar auditorías independientes y con resultados ampliamente difundidos, así como la posibilidad de que órganos de control, organizaciones políticas y organismos de observación electoral puedan acceder oportunamente a toda la información que se genera en cada uno de los componentes tecnológicos que se ponen en funcionamiento durante las elecciones, para de esta manera generar mayor confianza en la ciudadanía y las candidaturas.
Entre tanto, subrayó que las coaliciones de las organizaciones políticas no están reglamentadas y por ende esta falta de certezas puede desencadenar un caos político en las corporaciones públicas que termina afectando el correcto desarrollo de la función legislativa. Así las cosas, desde el 2015 que se aprobaron las coaliciones para el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, la figura de las coaliciones han ido convirtiéndose progresivamente en una figura cada vez más usada. No obstante, los problemas que han surgido por la ausencia de reglamentación son cada vez más graves, en la medida en que se incrementan las incertidumbres sobre cómo deben operar estas frente al funcionamiento en bancadas, la declaración política (de gobierno, de oposición o independientes), la financiación y la responsabilidad política.
La financiación de las campañas políticas
También, expuso que la financiación de las campañas políticas sigue siendo una barrera de acceso al ejercicio electoral.
“Pese a que la financiación estatal anticipada para las candidaturas es una posibilidad legalmente establecida, los obstáculos que se han generado para acceder a estos recursos son inmensos. Problema que fue evidente en las elecciones de Congreso, particularmente en las elecciones circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep) y hasta en las campañas presidenciales. Adicionalmente se sigue sin poder hacerse un seguimiento real a los recursos utilizados en campaña, facilitando el ingreso de recursos ilegales a las mismas”, agregó.
Entre otros asuntos, puntualizó que deben resaltarse temas cuya urgencia de reglamentación es evidente, como la participación en política de funcionarios, la conformación de las listas para Congreso de la República, si estas deben ser abiertas o cerradas y finalmente, la capacidad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación sobre los funcionarios elegidos popularmente, esto último conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Si bien, es una gran cantidad de temas sobre los que es necesario hacer ajustes, reformas o desarrollos legislativos, es necesario que el nuevo Congreso y el Ejecutivo entrante prioricen la agenda legislativa. La experiencia nos ha enseñado que abarcar todos estos temas en una o dos reformas integrales es garantía de que nada pueda ser reformado” enfatizó Barrios.
Fuente: Infobae