Mientras fuera del Palacio de Justicia el ambiente se hace cada vez más tenso, la Corte Suprema enfrenta en su interior una paradoja: la terna de candidatas a suceder a Francisco Barbosa es viable, pero ninguna de ellas parece convencer a los magistrados.
A pesar que este 12 de febereo terminó la administración de Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia aún no ha podido ponerse de acuerdo sobre quién será su sucesora.
La votación está estancada. El hermetismo de la Sala Plena crea cierta imposibilidad de conocer con certeza qué ocurrió en la deliberación de veintitrés magistradas y magistrados, mas algunas filtraciones dan cuenta de una certeza: en dos jornadas en lo que va del año, ninguna de las ternadas ha conseguido la cifra definitiva de dieciséis apoyos, dos tercios del pleno.
Ese panorama crea desánimo en un sector de la sociedad que no es precisamente menor, como se notó el 8 de febrero, cuando las protestas terminaron en agresiones, bloqueos y la imposibilidad de que quienes estuvieron en el Palacio de Justicia de Bogotá pudiesen salir con tranquilidad. La Corte Suprema lo llamó, con el tono vehemente de su presidente, Gerson Chaverra, “asedio”.
Lo que la presión y los llamados a la serenidad posteriores reflejan es una solicitud similar entre sí: un futuro claro en un proceso que históricamente ha estado marcado por los amiguismos entre quienes presentan las tres candidaturas y quien eventualmente resulta escogido. Aunque la interinidad ha sido la regla, más que la excepción, en este momento en particular la idea provoca escozor.
El fantasma de que la Fiscalía General nuevamente esté en manos de una persona encargada, en vez de una en propiedad, recorre las calles en las que las personas salen a marchar y tiene consigo varias dudas jurídicas, pues resulta que el proceso de selección no tiene consigo más regulación que el mandato de ternar —que recae en la Presidencia— y el de votar —que recae en la Corte—.
Lo que ocurre en el trasegar termina siendo objeto de varios planteamientos entre juristas y varias consecuencias desde lo político. El principal obstáculo para una escogencia diligente es el número requerido para una ganadora: dos tercios de la Sala Plena, dieciséis votos de veintitrés. Se trata de un reglamento que surgió en 2002 al interior de la Corte y que no se ha modificado en ese sentido.
En alguna ocasión hubo un intento de modificación. Cuando Mario Iguarán terminó su período como fiscal, y la tensión entre el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema aumentaba —en gran medida, por las chuzadas y las presiones da las que fue sometida la Corte—, la elección de su sucesor tuvo varios obstáculos, entre ellos, el cambio del reglamento.
La larga lista de encargados
Guillermo Mendoza Diago tuvo que permanecer como fiscal encargado por un año y medio, luego de que el 31 de julio de 2009 terminó el período de Mario Iguarán. El expresidente Uribe presentó una terna con Camilo Ospina Bernal, el exministro de Defensa y exembajador de Uribe en la OEA, Juan Ángel Palacio Hincapié y Rosa Virginia Uribe Betancur.
La Corte intentó votar en tantas ocasiones que luego declaró a la terna “inviable”, lo que luego ratificó el Consejo de Estado. Uribe y su ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, fueron tercos por un buen tiempo, así que no cambiaron la terna hasta que los mismos candidatos dimitieron. Ospina Bernal fue el último en hacerlo, casi siete meses después de Palacio.
Luego, Margarita Cabello Blanco —la hoy procuradora general, quien tuvo el espaldarazo del expresidente Iván Duque—, Marco Antonio Velilla Moreno —exconsejero de Estado y presidente del Comité de Ética del Centro Democrático— y Jorge Aníbal Gómez Gallego fueron los elegidos por el Gobierno, pero, de nuevo, no por la Corte Suprema.
La seguidilla de rondas de votaciones llegó hasta cuando Juan Manuel Santos Calderón y su entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Juan Carlos Pinzón Bueno, llegaron a la Casa de Nariño. Luego de una consulta elevada al Consejo de Estado, que dio el visto bueno a que la Presidencia pueda cambiar la terna, la Corte recibió una nueva lista de candidaturas.
Así llegaron a la Sala Plena las hojas de vida de Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Carlos Gustavo Arrieta Padilla y Viviane Aleyda Morales Hoyos. Entre las y los veintitrés magistrados de esa Sala Plena, tres habían cumplido su período constitucional, pero no habían sido reemplazados, y otros dos tenían un permiso de estudio en otro país. Las mayorías del reglamento cambiaron.
La Corte dispuso que el número mágico no era de dieciséis, sino que, en esas circunstancias, podía ser de catorce. El Consejo de Estado, con quince votos a favor y nueve en contra, dijo que ese cambio de reglamento no fue lícito, sino que benefició irregularmente a la ungida, Viviane Morales. Santos tuvo que ternar nuevamente. Martha Lucía Zamora Ávila fue fiscal encargada.
En el historial de interinidades, la de Zamora ha sido la más corta, con solo tres semanas. Su sucesor fue Luis Eduardo Montealegre Lynett. Para el fin de su período, Santos cambió laEs reglas para escoger a su terna, haciéndolas parecer más meritocráticas, pero terminó nombrando a tres personas cercanas a él, entre ellas, uno de sus exministros, Néstor Humberto Martínez Neira.
El vacío jurídico
El contexto anterior es clave para entender el escenario actual. La historia de la Fiscalía demuestra que lo normal es que quien suceda al titular del ente acusador sea una persona encargada, no nombrada, como ordena la Constitución. Ese panorama significa, por un lado, que la Corte Suprema justo ahora está manejando bien el tiempo, pero, por otro, que la incertidumbre es válida.
Para el abogado Reynaldo Villalba, parte del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, las consecutivas interinidades han traído como resultado, de la mano del Consejo de Estado, la aclaración de que el período de un o una fiscal general es personal, no institucional. Es decir, cada administración comienza con la posesión de quien escoja la Corte.
Eso quiere decir, en este caso, que el período de la vicefiscal Martha Janeth Mancera, al quedar como fiscal general encargada, jurídicamente hablando, no es una continuación del de Francisco Barbosa. No obstante, “lo ideal para la institucionalidad, para la democracia y para la justicia es que nunca haya interinidad en el cargo de fiscal general de la nación”, dice Villalba.
Entonces, aunque en la práctica un o una vicefiscal general —que recibe el cargo, de hecho, de quien sea fiscal general— prolonga el direccionamiento de un o una fiscal general, en términos puramente técnicos no es así. Sobre todo, teniendo en cuenta que esa transitoriedad no va a durar cuatro años, sino que seguirá estrictamente hasta que la Corte Suprema escoja.
El problema, de todos modos, es que, como no hay mayor regulación en el proceso de selección, la deliberación de la Corte puede extenderse indefinidamente. Para el penalista y docente Santiago Trespalacios Carrasquilla, se trata de “una especie de limbo jurídico en el cual puede haber otra, otra y otra jornada de votación” si ninguna de las aspiraciones llega a los dieciséis votos.
“No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna norma que establezca una sanción o un plazo. Es decir, no hay ninguna consecuencia negativa para la Corte y sus magistrados por tardar en la elección”, explica uno de los cofundadores del Colegio de Abogados Penalistas. Una opinión rayanatiene el consultor, penalista y docente Óscar Sierra Fajardo.
Fuente: Colprensa