El Consejo de Estado resolvió dejar sin efecto una sanción que había proferido la Procuraduría General de la Nación contra el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. Con la decisión del tribunal al líder de la Liga de Gobernantes deberán devolvérsele cerca de $90 millones.
Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tumbó una sanción que la Procuraduría General de la Nación había proferido en contra de Rodolfo Hernández Suárez, cuando fue alcalde de Bucaramanga.
La decisión del alto tribunal se dio toda vez que Hernández, quien también fue candidato presidencial, había instaurado una demanda en contra del Ministerio Público.
El recurso lo había interpuesto el reconocido jurista Julio César Ortiz, apoderado del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien pidió declarar nulo el fallo de la Procuraduría que en 2019 sacó del cargo a Hernández Suárez por un término de ocho meses, en medio de los procesos disciplinarios en su contra.
En su momento, el Ministerio Público lo inhabilitó por el golpe que el entonces Alcalde de Bucaramanga le propinó al exconcejal Jhon Claro, en medio de una discusión en una oficina de la sede principal de la administración municipal.
En el fallo del Consejo de Estado a favor de Rodolfo Hernández Suárez, se ordenó a la Procuraduría eliminar de las bases de datos del registro de la sanción impuesta en su momento, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad.
«Como restablecimiento de su derecho, se declara que el señor Rodolfo Hernández Suárez no está obligado a pagar la suma de noventa y cinco millones impuestos en septiembre de 2020. No obstante, en caso de que el demandante haya realizado el pago de dicho monto, se ordena a la Procuraduría General de la Nación reconocer y pagar al demandante este monto», dice el documento del Consejo de Estado.
Ancetecente en Bogotá: Caso Petro
Tal y como lo esperaba el excandidato presidencial, la decisión del Consejo de Estado también se basó en el antecedente con el hoy presidente Gustavo Petro, quien fue destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez cuando Petro fue Alcalde de Bogotá.
Así como al exalcalde de la capital se le restablecieron sus derechos por haber sido elegido popularmente, lo mismo argumentó la defensa de Hernández, pues la sanción se produjo cuando estaba en ejercicio del cargo para el cual fue elegido.
«La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para, en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda, expresando que los actos administrativos acusados trasgreden la norma convencional del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que impuso una sanción disciplinaria que restringió sus derechos políticos, sin que se haya surtido un proceso judicial, con condena por juez competente», dice el fallo.
Justamente en 2023, cuando Rodolfo Hernández intentó ser gobernador de Santander en las elecciones regionales, pero estaba inhabilitado por la Procuraduría, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que su derecho a ser elegido estaba siendo vulnerado por el Ministerio Público.
«Rodolfo Hernández Suárez, avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre, respetuosamente y con ocasión de su visita al país, le solicito audiencia para exponer mi caso ante ustedes, ante la gravedad, inminencia y recrudecimiento de la situación de violación de mis derechos políticos», dijo en su momento comunicado firmado por el excandidato presidencial.