Los periodistas de la emisora Blu Radio, Valeria Santos y Sebastián Nohra, desarrollaron un trabajo de investigación que advierte el compromiso de al menos 500 mil millones de pesos en contratación con recursos del OCAD-PAZ y entre los salpicados como presunto integrante una posible cadena de corrupción aparece el Representante a la Cámara, Wadith Manzur-
La publicación respaldada por más de 35 fuentes y testimonios de alcaldes, plantea que, Luis Alberto Rodríguez, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Planeación, funcionarios de esta entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del partido conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba el Ocad-Paz con los que se financiaron proyectos en municipios Pdet, como los del sur de Córdoba.
Indica la noticia que, solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos. Para el caso de Córdoba, fueron aprobados 44 proyectos por valor superior a los 335 mil millones de pesos.
El caso lo conocía la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, por quejas presentadas formalmente, incluso, de algunos mandatarios en el país que veían como sus territorios eran excluidos por no prestarse para el ‘negocio’. En la Procuraduría el caso lleva dos años en indagación.
Una denuncia anónima llevó a la Procuraduría General a abrir una investigación disciplinaria contra Álvaro Ávila por las presuntas irregularidades cometidas como secretario técnico del Ocad-Paz para beneficiar a más de 500 proyectos. De acuerdo con el documento, proyectos de Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño, Boyacá y otras zonas, fueron aprobados sin cumplir con la totalidad de los requisitos y, en otros casos, las certificaciones se expidieron seis meses después de que se les hubiera dado vía libre, por lo que se concluye que certificó cuando el hecho ya estaba cumplido.
La investigación indica que, “los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021, fueron Archila, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca José Facundo Castillo, hoy preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública.
En entrevistas realizadas por Blu Radio, varios alcaldes de los municipios Pdet, quienes prefieren que sus nombres queden en reserva, ratificaron que para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas. Además, señalan con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.
Entre estas sociedades se destaca el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, una entidad del Valle del Cauca que en 2020 recibió un contrato por 1.295 millones de pesos y, un año más tarde recibió 33 proyectos por más de 485.000 millones de pesos; la mayoría de ellos son para implementar en el departamento de Cesar.
Llama la atención que el índice de gestión de este fondo mixto del Valle pasó de tener un puntaje de 18 en el segundo trimestre del 2020, a uno de 99 en el segundo trimestre del 2021.
En la sesión 51 del Ocad-Paz el senador del Partido Conservador Samy Meregh, defendió a este fondo para que se le aprobaran proyectos y en la sesión 53, realizada en 2021, este fondo mixto también fue respaldado por el representante a la cámara Wadith Manzur, también del conservatismo, quien de acuerdo con el acta de la reunión, resaltó con entusiasmo el buen índice de gestión y capacidades como contratista.