La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este 10 de agosto que priorizará la investigación de al menos 18.677 niñas, niños y adolescentes reclutados y utilizados presuntamente por las antiguas Farc que, según los análisis preliminares del Alto Tribunal, habrían puesto en práctica este delito de forma sistemática entre los años 1996 y 2016, periodo que concentra cuatro picos de estos hechos.
La cifra entregada es un universo provisional de víctimas, pero constituye más del doble de los 8.000 casos de reclutamiento de los que se tenía registro oficial, según los reportes entregados por la Fiscalía General de la Nación antes de la apertura de este caso (Caso 07), que se dio el primero de marzo de 2019.
Según Lily Rueda, magistrada relatora del Caso 07, la priorización de la investigación, establecida en el Auto 159 de 2021, se decidió tras concluir un ejercicio preliminar de análisis y contrastación de 31 bases de datos, obtenidas por medio de 36 informes que presentaron organizaciones de víctimas, instituciones estatales y la academia, así como revelaciones que hicieron 274 víctimas acreditadas.
Al respecto, Ximena Ochoa, cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), expresó que el anuncio de la JEP es apenas justo y muy esperado por las personas que sufrieron las consecuencias del actuar de esta guerrilla.
“La decisión de investigar esos crímenes está motivada por el legado de la Federación y las organizaciones que entregaron información con un arduo trabajo y liderazgo”, indicó, y añadió que esperan que se establezcan responsabilidades y se den mayores garantías a las víctimas para dar a conocer su verdad en instancias judiciales.
Otras conductas graves
Con la investigación, la JEP no solo busca determinar responsabilidades individuales por el reclutamiento de los niños, sino también por otras tres conductas asociadas al mismo: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada, y homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, situaciones que podrían constituirse en crímenes internacionales.
La determinación de estas conductas estuvo basada en información presentada por organizaciones y en los relatos de las 274 víctimas en el Caso 07 que, siendo hoy adultas, entregaron a la Sala detalles su reclutamiento.
Respecto a las violencias sexuales y la violencia basada en género, la Sala estableció de forma preliminar que “niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía e integridad sexual, tales como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo”.
Sobre la desaparición forzada, la Sala indicó que la mayoría de las víctimas acreditadas en el Caso 07 corresponde a familiares de menores de edad reclutados sobre quienes aún desconocen su paradero.
Y sobre actos de tortura, homicidios y otros tratos crueles, la Sala cuenta con más de 50 casos de este tipo de violencia, que podría estar asociada a las condiciones de vida de las Farc, a las sanciones disciplinarias a las que expusieron a los menores de edad y a “retaliaciones en contra de las familias o comunidades de las que provenían” los mismos.
Tras conocer la decisión de la JEP, el Consejo Político Nacional del partido Comunes, integrado por excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, emitió un comunicado para informar que analizarán de forma juiciosa el auto con el fin de pronunciarse a fondo más adelante sobre el tema: “Aportamos y seguiremos aportando a la verdad como parte de nuestro compromiso ético y político”.
Bloque Oriental, primero
Inicialmente la Sala enfocará la investigación en el Bloque Oriental, que sería responsable del 50 % de los 18.677 casos de reclutamiento presuntamente cometidos por las Farc en todo el país. Este bloque tuvo injerencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés. Posteriormente, se continuará con otros bloques.
“Dadas las características de estos departamentos, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la Sala indagará de forma específica por el impacto diferencial que el reclutamiento y utilización de niños y niñas tuvo sobre pueblos étnicos y procurará su participación en las versiones que se realizarán”, indicó la magistrada Rueda.
Por ello, la JEP llamó a 26 antiguos integrantes de este bloque a rendir versión, con el fin de que, tras conocer la investigación preliminar de la Sala, presenten aportes, contribuciones y reconocimientos de verdad a que haya lugar.
Con las versiones se espera que la Sala verifique dos hipótesis basadas en que las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años, al igual que a niños de 14 años o menos.
Por su lado, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, manifestó que el caso está en fase de reconocimiento de verdad y determinación de hechos y conductas: “No obstante, las más de 30 bases de datos y 31 informes, así como declaraciones de exintegrantes de las Farc, víctimas y pruebas que se han decretado ponen de presente que estamos frente a una política sistemática a través de diferentes prácticas que llevaron a la degradación de niños y niñas utilizados por las Farc”.
El otro subcaso del Caso 07 está relacionado con el reclutamiento de niños y niñas por parte de la Fuerza Pública, sobre el cual se han adelantado labores investigativas y se sigue avanzando en la recopilación de información.