Las alarmas están encendidas, tras 57 casos registrados en el primer semestre.

Los 57 hechos de violencia registrados contra mujeres que ejercen líderazgos políticos, sociales y comunales durante el primer semestre de 2020, documentados por la Misión de Observación Electoral (MOE), encendieron las alarmas en el Congreso sobre el ritmo ascendente que han tenido en los últimos años este tipo de ataques.

Las cifras, que fueron reveladas en una audiencia pública en la Cámara de Representantes, muestran que a la fecha se presenta un incremento del 18,8% frente al mismo periodo en 2019. De los 57 casos denunciados, 19 fueron contra lideresas políticas, 35 contra lideresas sociales y 3 contra lideresas comunales.

De acuerdo con el informe ‘Un país sin líderes no es un país’, elaborado por la MOE, y que documenta la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, en el 2016 se registraron 17 hechos de violencia contra lideresas. Los casos se incrementaron en 2017 a 20, en 2018 pasaron a 29, un año después ya fueron 48 hechos y sin haber terminado el 2020, esta cifra ya llega a 57, lo que indica que se han triplicado en apenas cuatro años.

Para la MOE, este incremento sostenido de la violencia política contra las mujeres explica la importancia de las iniciativas legislativas que actualmente están haciendo curso en el Congreso de la República para combatir las conductas que buscan impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de participación o representación política de las mujeres. 

De ahí que durante la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Representantes, la Misión de Observación  insistió en que es fundamental contar con una definición clara respecto a la violencia contra las mujeres en política, que incluya, entre otros aspectos, los tipos de violencia y sus manifestaciones en el contexto colombiano. 

La violencia política contra las mujeres que ejercen diferentes tipos de liderazgo no es una violencia que se expresa solo en lo físico, sus connotaciones más importantes son las culturales, las sexuales, las sicológicas y las económicas, que tienen como único objetivo desestimular, y en el peor de los casos, impedir la participación de las mujeres en los escenarios políticos, sociales y comunales”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE. 

Asimismo, destacó que las medidas contenidas en los proyectos de ley que se estudian actualmente, no se dirigen solamente  a las organizaciones políticas y los procesos electorales, sino que abarca también otros escenarios donde las mujeres ejercen diferentes tipos de liderazgo.

(Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral  (MOE). | Foto Cortesía MOE.)

Las iniciativas legislativas en el Congreso

Los proyectos que buscan garantizar condiciones para la participación de la mujer en política y que actualmente hacen trámite en ambas cámaras son: el proyecto de ley 04 de 2019 (aprobado en primer debate en el Senado), el 050 de 2020 que cursa en la Cámara y el 128 de 2020 radicado en el Senado (Ley Integral de la Mujer).

Todos están fundamentados y basados en el recrudecimiento de este fenómeno, reflejado en el aumento de casos de violencia contra las mujeres en la política, según lo detalla ‘Un país sin líderes no es un país’.

A sabiendas del trámite de esos proyectos, la MOE insistió en que esta legislatura no puede terminar sin que se aprueben las propuestas que buscan favorecer a las lideresas políticas, sociales y comunales, que son las que más están siendo afectadas con los casos de violencia .

La veeduría señaló también la necesidad de dotar de competencias a las autoridades electorales, al Ministerio Público y a los entes de control, para sancionar el fenómeno y buscar mitigar sus impactos sobre la vida política de las mujeres, mediante rutas de atención integral que cuenten con políticas diferenciales para ellas en sus múltiples diversidades. 

La MOE aprovechó su presencia en la sesión de la Cámara para invitar  a las diferentes bancadas a acordar un solo proyecto de ley, a fin de evitar que los que actualmente están en curso terminen hundiéndose, fracasando de esta manera la posibilidad de adoptar y articular medidas de prevención, protección, sanción y reparación que contrarresten la violencia política contra las mujeres lideresas, por razón de género. 

“La Misión de Observación Electoral (MOE) considera que el presente proyecto de ley es de suma importancia para avanzar en la creación de políticas públicas que respondan institucionalmente ante las barreras a las que se enfrentan las mujeres para participar en política, como lo es la violencia que experimentan, así como para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres”, se detalla en la carátula del proyecto de Ley 050 de 2020, que busca ser una realidad para el bienestar político de las mujeres que ejercen como líderes en las diferentes regiones del país.

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