El Gobierno nacional estima que se van a requerir inversiones por 8.000 millones de dólares en los próximos ocho años para sacar adelante su promesa de una “transición energética justa” y como los recursos del Gobierno no alcanzan para tanto, el plan es apoyarse también en la inversión privada.
“El aumento de la inversión pública en infraestructura no es factible en un entorno post-COVID donde los fondos disponibles son limitados y deben asignarse a la atención médica y otros sectores prioritarios. Por tanto, se necesitan asociaciones sólidas entre los sectores público y privado para atraer las fuentes de capital diversificadas y resistentes que hagan posible materializar las inversiones multianuales y con duración de varias décadas que requieren los sistemas energéticos”, indica un borrador de documento del Ministerio de Minas y Energía.
El plan inicial es que los fondos de inversión climática le entregarán a Colombia 70 millones de dólares y así se buscará movilizar otros 230 millones de dólares para conformar una bolsa de recursos que permita financiar esos proyectos de empresas y comunidades. Con ese dinero Colombia reduciría su emisión de carbono en unas 100 toneladas para 2030.
Se van a apoyar proyectos en cuatro áreas: la primera tiene que ver con lo que este Gobierno llama comunidades energéticas y eso incluye proyectos de generación de energía para que las comunidades puedan venderle al sistema. Unas 278.000 familias podrían convertirse por este camino en ‘prosumidores’.
El segundo punto de interés es la electrificación del transporte. La idea es apoyar proyectos para instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos, la renovación de buses y camiones o la compra de trenes y tranvías.
El tercer punto es la transmisión y aquí el enfoque no solo está en masificar los contadores inteligentes, sino en apoyar proyectos que permitan el almacenamiento de la energía. Finalmente está el apoyo a nuevas tecnologías y eso incluye proyectos piloto de hidrógeno verde y energía eólica costa afuera.