Para el Superintendente Ulahí Beltrán López, el ritmo de 105.000 quejas y desatenciones por mes vuelve a revivir el debate sobre el cumplimiento y las funciones que desempeñan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), tres de las cuales ya fueron liquidadas en su administración.
“Necesitamos un fuerte timonazo de manera urgente porque las necesidades de salud requieren inmediatez en atención y en soluciones. Estas administradoras que intermedian los recursos financieros de la salud (EPS), no pueden olvidar que ellas trabajan con recursos que son públicos y que por lo tanto esos recursos les pertenecen a las personas que ellas tienen afiliadas, y esas personas afiliadas son las verdaderas dueñas del sistema y en ese sentido, las administradoras de recursos deben cumplir con lo que demandan en servicios esas personas afiliadas”, aseguró.
El funcionario dijo que se ha visto forzado a llamar varias veces en la madrugada y a cualquier hora del día a presidentes de EPS para que activen soluciones urgentes en casos de pacientes que llevan hasta 6 meses o más pidiendo un tratamiento o buscando una orden para una cirugía vital y la rutina de funcionamiento de las EPS no les ha garantizado los servicios requeridos.
“Esas llamadas ‘mágicas’ no son el deber ser -dice- pues los responsables del aseguramiento están obligados a proteger al usuario siempre, esto es 24/7, cuando está sano y con mucha más razón prestarle todas las atenciones necesarias cuando está enfermo. La salud no tiene horario de oficina”, agrega.
Desde septiembre pasado también se ha vuelto común que los máximos directivos de las EPS sean convocados al despacho del Supersalud, así como también en aquellos territorios con mayores insatisfacciones de la ciudadanía, para que se comprometan con planes de acción inmediatos, en lo que ha llamado el Superintendente “los territorios con mayor criticidad en el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud y por tanto donde la insatisfacción por parte de la ciudadanía es mayor”. Los llamados al orden del ente de control buscan que las EPS cumplan con el aseguramiento, la afiliación y la prestación de los servicios a los usuarios. Dice que la normatividad es clara en fijar las obligaciones del aseguramiento y no admite una aplicación discrecional o condicionada.