La Unidad de Restitución de Tierras en el departamento de Córdoba durante 11 años logró la recepción de 4.694 solicitudes de reclamación de predios despojados por agentes generadores de violencia, pero solo han logrado concretar 295 sentencias efectivas.
Mientras ha pasado más de una década, solo 1.629 reclamaciones han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, en su más reciente informe precisó que en el caso de la región cordobesa, de las más de 4 mil solicitudes para la restitución de tierras, sólo el 10% ha tenido respuesta, es decir, solo 400 personas han podido tener una decisión judicial, mientras los otros casos siguen engavetados.
A ese ritmo de ‘tortuga’, en el año 2032 podría haberse llegado al 40% de las hasta ahora reclamaciones inscritas en el registro oficial de despojo forzado de predios en este departamento. El resto hacen cola.
Los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 295 sentencias, en favor de 1.069 familias víctimas de la violencia y quienes recuperaron 12.675 hectáreas en los municipios de Montería, Valencia, Tierralta, Pueblo Nuevo, Moñitos, Ayapel, Canalete, Chinú y Planeta Rica, mientras todo un mundo de campesinos espera, algunos con desilusión, que los trámites avancen.
Si hay zonas duramente golpeadas por la violencia en Córdoba, son los municipios del sur del departamento, donde su zona rural siempre ha estado bajo órdenes del ‘patrón del mal’ de turno.
De seis millones de hectáreas proyectadas, solo 169.224 han sido regresadas en reparación luego de 10 años de la implementación de la ley de víctimas en el país. Esa estadística de la Contraloría General de la República, se replica en cada región. Así de distante está la restitución de tierras en Colombia.
Para el caso de Córdoba, el 76% de tierras micro focalizadas, es decir, listas para restituir, no han iniciado proceso formalmente y ese problema se repite en las demás regiones del país, agrega el informe de la Contraloría.
Mientras las mayorías esperan y muchos fallecen esperando la devolución de la tierra, aparecen más víctimas, ahora de los nuevos grupos ilegales.