Según el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, una de las alternativas para descongestionar las cárceles del país es hacer una reforma al Código Penal, lo cual permitiría una evaluación rigurosa de las penas y con ello, evitar enviar a prisión o ‘liberar’ a las personas que no representan un peligro para la sociedad.
Para ello, el próximo mes de marzo, una vez el Congreso retome las sesiones ordinarias, se presentará un proyecto de ley que, entre otras cosas, también busca asignar responsabilidades en el mantenimiento de las cárceles y la construcción de centros de detención preventiva.
“Se llevará (el proyecto de ley) al Congreso en marzo del año 2023, cuando el Congreso reanude las sesiones ordinarias para que se discuta ampliamente, pero lo que queremos es propiciar una discusión abierta con toda la sociedad sobre el sentido del castigo, el sentido de los castigos de prisión tan largos, si eso se puede cambiar por castigos de prisión más cortos, pero acompañados de resocialización, de reparación a la víctima y de oportunidades para no reincidir”, dijo.
Entre otros aspectos revelados por el ministro sobre lo que será esta iniciativa, precisó que se “contempla asignarles recursos a los municipios, a los departamentos y a la Nación, para decir que en los centros de detención los municipios van a tener a su cargo los delitos de menos de ocho años de cárcel, los departamentos los de ocho a 15 años y la Nación los de más de 15 años”.
En el caso particular de los privados de la libertad que no representan un peligro para la sociedad, Osuna hizo mención de las cerca de 750 personas que están recluidas por inasistencia alimentaria.
El objetivo es que puedan ‘ganar libertad’ y cumplir con su obligación monetaria, pero deben quedar incluidos en un programa de resocialización.