Intervención urgente al Gobierno nacional ante la obstrucción de la Troncal de Occidente por parte de mineros del municipio de Cáceres, Antioquia, solicitó la Procuraduría General de la Nación para buscar un proceso donde prive el diálogo entre las comunidades.
Dicha solicitud se hizo a través de un oficio enviado a los ministros de Minas y Energía, Irene Vélez; del Interior, Alfonso Prada Gil, y de Defensa, Iván Velásquez Gómez, para que tomen decisiones urgentes, a propósito de la crisis social y económica que se vive en el Bajo Cauca antioqueño.
Esto luego de que mineros informales se tomaran las vías de hecho clamando por diálogos con el Gobierno nacional.
“Las protestas se adelantan por ciudadanos inconformes con la destrucción de maquinaria amarilla destinada para el desarrollo de actividades mineras ilegales en la cuenca del río Cauca; actividades mineras que afectan por contaminación con mercurio dicho cuerpo hídrico”, indicó Gustavo Guerrero, procurador Delegado para Asuntos Ambientales.
Por la protesta, el ente de control disciplinario advirtió que centenares de automotores se encuentran represados en este corredor vial entre los municipios de Tarazá y Caucasia, “dejando poblaciones incomunicadas, afectando la misión médica, el abastecimiento para la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”.