Se pudo confirmar que Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, debería presentar la renuncia a la Junta Directiva de la entidad o al presidente Gustavo Petro.
Tras las denuncias de presuntas irregularidades al interior del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, la Presidencia de la República ha pedido la renuncia a su gerente, Nórida Rodríguez Muñoz.
De esta forma, Rodríguez debería presentar la renuncia a la Junta Directiva de la entidad o al presidente Gustavo Petro.
No obstante, lo que realmente llama la atención es que bajo la dupla Rodríguez – Arzuaga en RTVC se han dado todo tipo de irregularidades que van desde la celebración indebida de contratos, contratación direccionada a determinadas empresas, pagos irregulares a proveedores, nepotismo, violación a la intimidad de los funcionarios de RTVC, incumplimiento al estatuto anticorrupción y contratación de personas sin idoneidad.
El caso de celebración indebida de contratos se dio en septiembre del año 2023 cuando, por orden de Arzuaga, se dejó de hacer una licitación o invitación pública para un contrato de casi 9.000 millones de pesos, para la puesta en marcha de varias emisoras de paz, misión encargada a RTVC desde la firma del acuerdo con Farc en 2016.
Arzuaga hizo caso omiso de las recomendaciones de varios funcionarios de RTVC sobre la necesidad de hacer un proceso abierto para elegir la empresa que debería instalar transmisores, antenas y adecuar los estudios de emisión de dichas emisoras y sin explicación alguna, exigió que se firmara un convenio con la Agencia Nacional Digital para que esta desarrollara el proyecto, a pesar de que esta entidad no tiene experiencia en esos temas y, lo que es más grave, dentro de su objeto social no figura nada relacionado con estaciones de radio.
Pasaron varias semanas antes de que el abogado Juan Pablo Estrada, asesor legal externo de RTVC, reparara en la situación que calificó como gravísima. Fue él mismo quien informó a Arzuaga y al jefe jurídico de la entidad, Rubén Darío Dueñas, que ese contrato debía deshacerse de manera inmediata antes de que alguien se diera cuenta del acto claramente ilegal con consecuencias penales para los responsables del mismo.
El convenio se reversó, pero los registros del capricho de Arzuaga reposan en los archivos de RTVC y la Agencia Digital.