Aprovechando el escenario de la firma y sanción de la política pública de derechos humanos por parte del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez y la presencia del defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, la iglesia católica en Puerto Libertador sentó su voz de reclamo y clamó ayuda social por las comunidades.
El sacerdote Víctor López, dijo que el Estado ha abandonado a Puerto Libertador y que se requiere una verdadera política nacional de inversión social.
“Miren este ejemplo, nuestro colegio principal…da lástima en las condiciones que está”, expresó en su corta y sentida intervención el religioso.
Asegurando que mientras esos vacíos institucionales existan es difícil encontrar la paz, pidió a la autoridad departamental y a la Defensoría interceder para que haya una verdadera reparación social de un municipio históricamente golpeado por distintos actores violentos.