Aunque de manera oficial, la campaña presidencial debería haber iniciado este sábado, 29 de enero, desde hace meses los precandidatos presidenciales vienen realizando actividades para posicionarse ante el país en su carrera para llegar a la casa de Nariño.
Son más de 20 candidatos, entre independientes y miembros de coaliciones, que han hecho alianzas y unido fuerzas para las elecciones que vienen en mayo. Desde diversas orillas han hecho propuestas para reemplazar a Iván Duque en su cargo como máximo jefe del Estado, e incluso algunos iniciaron una intensa agenda de debates para que los ciudadanos conozcan sus propuestas.
No obstante, no deja de llamar la atención, que algunos candidatos a la presidencia, a pesar de tener banderas anticorrupción en sus discursos, están inmersos en procesos judiciales y disciplinarios que no son de poca envergadura. Por supuesto, se trata de procesos en curso, de modo que mientras no haya condena en su contra tienen derecho a que se presuma su inocencia.
Para iniciar la lista, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, fue llamado a juicio el pasado mes de diciembre, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a propósito de la investigación que se le adelanta hace más de cinco años por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda entre el departamento de Antioquia, el Banco CorpBanca S.A y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), en hechos ocurridos cuando Fajardo fue gobernador, entre 2012 y 2015.
Fajardo avaló como gobernador, un préstamo, en donde según la Fiscalía se generaron pérdidas por $320.000 millones para el departamento de Antioquia.
De acuerdo con la acusación, el contrato tenía la intención de pagar una serie de deudas de la Gobernación con tres bancos diferentes. Una con el banco BBVA, por $82.075 millones; otra con Bancolombia, por $99.450 millones, y la última con Corpbanca, del orden de $2.971 millones. En ese negocio se contempló que el desembolso del dinero y el pago de los intereses se realizarían con base en el peso colombiano, a la tasa de cambio de dólares.
La Fiscalía aseguró que estos acuerdos llevaron a un presunto detrimento fiscal porque, al momento del desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, pero en 2015 ya superaba los 3.140 pesos. Este proceso sigue activo en la Corte Suprema de Justicia.
Fajardo aseguró que la investigación es “absurda” y sostuvo que demostrará con todas las pruebas testimoniales y documentales su inocencia. “Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible”, precisó el candidato, quien además agregó que dicho contrato cumplió con todos los requisitos de ley.
“Tengo la convicción de haber obrado correctamente. Jamás he cometido un delito, y eso demostraré ante la Corte Suprema”, dijo el precandidato en un comunicado.
Por el caso de Hidroituango, este viernes, la Contraloría General de la República, declaró reparado el daño patrimonial y aceptó que Fajardo no tiene responsabilidad fiscal en el caso. Esto, luego de que la aseguradora Mapfre y otras tres más, cancelaron los 4,3 billones de pesos por los daños generados por la contingencia en 2018.
Gracias a este pago, se retiraron las medidas cautelares sobre los bienes de las 26 personas declaradas responsables fiscalmente, entre las cuales estaba el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza.
Para continuar la lista, el candidato independiente Rodolfo Hernández está próximo a ser acusado formalmente de interés indebido en la celebración de contratos. El exalcalde de Bucaramanga, en el período 2016-2019, es señalado de favorecer la adjudicación de un contrato por 30 años con un costo de $336 millones para la implementación de una tecnología en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón, Santander.
Aparentemente, habría presionado a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) para que se lo adjudicara a Jorge Alarcón, de Vitalogic, RSU. Supuestamente Luis Carlos Hernández, hijo del ingeniero, firmó en una notaría un acuerdo de corretaje para el cobro de una comisión si Emab licitaba con Vitalogic.
Por este caso, la Fiscalía también investiga de la Emab al exgerente José Manuel Barrera; a Rubén Amaya, jefe de disposición final; al contratista Jorge Alarcón y los empresarios Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, cercanos a la familia de Hernández.
El pasado mes de noviembre, Hernández se ofreció a “romper el silencio” y ser testigo en el juicio que se adelantará dentro del proceso penal que se sigue en su contra y otras 6 personas. Jorge Ruiz, apoderado del exalcalde informó en ese momento que aportará 4 pruebas documentales y 4 testimoniales; en las primeras están las escrituras públicas que consagran una reforma estatutaria de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab. En las segundas, están el testimonio del exmnadatario y el de exfuncionarios de la administración local como Lía Patricia Carrillo y Sergio Oswaldo Cajías, con estas pruebas, según Hernández se demostraría su inocencia.
La Procuraduría también abrió un proceso contra Hernández y en marzo del año pasado le impuso una sanción de $95 millones de pesos por darle una cachetada al exconcejal Jhon Claro, en 2018.Igualmente, se conoció que el Ministerio Público le abrió otra investigación a Hernández, esta vez por promulgar un decreto con el que cambió los requisitos laborales en la Alcaldía de Bucaramanga, sin contar con los ajustes, ni estudios previos por parte de la Unidad de Personal que demostrara su necesidad.
Por el Pacto Histórico, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, enfrenta juicio en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vicios en la celebración de un contrato para la compraventa de aguardiente cuando fue gobernador.
El proceso se abrió desde el año 2019, cuando la Fiscalía denunció las presuntas inconsistencias. Los investigadores identificaron presuntas condiciones irregulares de un contrato que, presuntamente, comprometió recursos que superaron los 18 mil millones de pesos. Según la versión del ente acusador todo el detrimento emanó del decreto de fecha del 24 de agosto de 2016.
Romero ha argumentado en diversas ocasiones que no se trató de un contrato para adquirir un bien o un servicio, sino una venta de 80 mil cajas de aguardiente en 2016 durante su periodo como gobernador y que todo el rédito entró a la Gobernación, tal como lo certificó, según él, la Contraloría.
La Corte aplazó para el mes de marzo las audiencias de juicio, que iniciaron esta semana, luego de que su abogada de oficio presentara una incapacidad medica por enfermedad.
En el inicio de juicio, el precandidato cuestionó la actuación de la Corte Suprema, señalando a los magistrados que llevan el caso de irrespetar sus derechos a la defensa.
Por parte del Equipo por Colombia, Alejandro Char, según la Consulta de Procesos Nacional Unificada, del portal Web de la Rama Judicial, tiene cinco procesos activos por prevaricato por omisión (2), fraude procesal y delitos contra la administración pública (2). Sin embargo, por estar en una etapa reservada, no se suministra más información sobre ellos.
Así mismo, fue mencionado por Aida Merlano, condenada por la Corte Suprema de Justicia a once años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego, hoy pedida en extradición a Venezuela, en el escándalo de compra de votos en Barranquilla.
En 2020, en una entrevista que dio desde el exilio, Merlano aseguró que el exalcalde de Barranquilla estaría involucrado en su plan de fuga, en Bogotá. Además dijo que Char hacía parte de un entramado de corrupción que denominó como ‘La Casa Blanca’, en donde según ella funcionaba una empresa criminal que contaba con tecnología para rastrear los votos comprados y verificar que efectivamente llegaran a las urnas. También dijo que se vendían paquetes de votos al por mayor a otros candidatos que adquirían sus servicios.
Aunque Char no tiene investigaciones formales, contra su hermano, Arturo Char, ya hay una investigación activa en la Corte Suprema de Justicia, en donde se espera que la excongresista amplíe su versión. Aunque la declaración estaba citada para el pasado 24 de enero, se aplazó para este lunes 31.