El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que su Gobierno alista la presentación de una Ley de Reconciliación Nacional y de inmediato surgieron reacciones en contra, pues es considerado un proyecto que le daría beneficios jurídicos a los narcotraficantes.
A los narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo: no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino”, fueron sus palabras desde Ciénaga de Oro (Córdoba), su municipio natal.
¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA?
Esta alternativa para quienes pisaron el camino de la ilegalidad ya había sido advertida en su discurso del 7 de agosto, cuando se cumplió un año de Gobierno. “Vamos hacia una Ley de Reconciliación Nacional y la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional, sino también en la justicia penal ordinaria”, dijo en ese momento.
No obstante, no parece estar aterrizada todavía. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que no hay un texto preparado; el del Interior, Luis Fernando Velasco, que es “solo una idea”.
Pero lo que sí se puede afirmar es que no busca impunidad. De hecho, el alto comisionado, Danilo Rueda, precisó que “nadie está hablando de amnistías e indultos”, sino que se está actuando acorde a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que, en su informe final, invitó al Estado a tomar la iniciativa de dialogar con el ELN y otros grupos armados. Es en lo que se ha insistido y, por ello, varios procesos de paz avanzan en paralelo.
En lo que respecta al narcotráfico, la Comisión dijo que es uno de los principales factores de la persistencia del conflicto y pidió “desarrollar mecanismos de investigación que permitan enfrentar con verdadera eficacia tanto el sistema de alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico como la judicialización de los aparatos políticos, financieros y armados que lo hacen posible”.
SU RELACIÓN CON LA PAZ TOTAL
Ahora, así como se percibe cierto rechazo frente a la propuesta, también queda la sensación de que se asemeja a la ya sancionada Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total que pretende solucionar de forma definitiva el conflicto en el país y cuyo carácter constitucional está siendo estudiado.
No obstante, el docente e investigador Luis Trejos aclara que esta iniciativa “trataría de darle un margen de negociación a todas las expresiones de violencia que quedan por fuera de la Paz Total”. Es decir, aquellos actores que carecen de estatus político.
“La Ley de Paz Total lo que hace es entregarle al Gobierno un marco jurídico para que adelante negociaciones con las organizaciones a las que se les reconoce el carácter político, dejando un gran vacío en la medida en que faltaba la ley de sujeción o sometimiento a la justicia, que no se debatió en la legislatura pasada y no se presentó en esta”, explica el experto.
En efecto, el Gobierno radicó en marzo de 2023 ante el Senado la que era la principal herramienta para hacer realidad su mayor apuesta desde que Gustavo Petro estaba en campaña. Establecía que los miembros de estructuras criminales debían aceptar su responsabilidad penal, dar la información de sus patrones criminales y ofrecer reparación a las víctimas en un periodo de libertad condicional de cuatro años.
Solo así podían acceder a una pena de entre 6 y 8 años, y a conservar el 6% del valor de sus bienes siempre y cuando entregaran el resto. De no cumplir, pagarían el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios que les habrían sido otorgados.
LA POSIBILIDAD DE QUE AVANCE
A día de hoy no hay luces acerca de que la Ley de Sujeción vaya a ser presentada nuevamente ante el Capitolio Nacional. De hecho, de ser así, Trejo insiste en que no hay un ambiente propicio –dado que no hay mayorías en el Congreso– para que sea aprobada.
En sus palabras, “es posible que tras las elecciones de octubre lo que veamos es que ante el deterioro sostenido de la seguridad en muchas regiones el discurso de mano dura se arraigue y contraste con el de paz del Gobierno Nacional”.
Con este escenario en mente, una Ley de Reconciliación tampoco prosperaría en el futuro cercano./Colprensa