Un total de 44 personas han sido judicializadas por distintas conductas que afectan la administración pública y ponen en riesgo los recursos destinados a subsanar las necesidades de la ciudadanía en Córdoba durante los últimos dos años.
Así lo precisó, el fiscal general Francisco Barbosa, al revisar desde Montería las actuaciones impulsadas en el departamento para poner en evidencia a los responsables de irregularidades de contratación, desviación de recursos públicos y otras conductas que han puesto en riesgo el adecuado suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.
“En algo más de dos años han sido vinculadas formalmente 44 personas por posibles actos de corrupción, entre ellas 8 alcaldes, 24 servidores públicos de diferentes municipios del departamento, 8 particulares y 1 fiscal. Los delitos más imputados en este periodo son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, cohecho por dar u ofrecer, y concusión”, precisó el informe.