– El objetivo central del plan presentado es impactar de manera decidida los delitos de extorsión, microtráfico, homicidio, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de migrantes, así como el fenómeno del control territorial.
– De manera transversal se contará con una estrategia de comunicaciones concentrada en la difusión de los resultados, acciones de disuasión, construcción de confianza y promoción de la denuncia. Mes a mes se hará una evaluación de los resultados de este Plan.
Las Gobernaciones de Antioquia, Córdoba y Chocó, en articulación con la Fuerza Pública, presentaron este martes al ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, el Plan de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad Ciudadana y Convivencia, que corresponde al desarrollo de la primera fase del taller realizado en Bogotá los días 24 y 25 de junio, en el que se reunieron el Ministerio y los gobernadores del país.
Fruto de dicho taller se crearon ocho zonas territoriales en las cuales se están trabajando planes de este tipo, siendo el de Antioquia, Córdoba y Chocó el primero que entrega su Plan de Acción de manera detallada, con retos e indicadores concretos para ejecutar en un lapso de 6 meses. Dicho Plan fue el que se presentó esta mañana en reunión celebrada en el Salón Consejo de Gobierno de la Gobernación de Antioquia.
A la misma asistieron, además del ministro Iván Velásquez Gómez, los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y de Córdoba, Orlando David Benítez Mora. Además, el Brigadier General Hernando Garzón Rey, Comandante del Comando Conjunto Número 5; el Brigadier General Óscar Leonel Murillo Díaz, Comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, el Brigadier General Fernando Correa Duque, Comandante del Comando Aéreo de Combate N°5; el Almirante Hernando Enrique Mattos Dager, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe, y el Brigadier General Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, Comandante de la Región de Policía Número Seis el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
El objetivo central del Plan es impactar de manera decidida y a través de la presencia total y fortalecida de la Fuerza Pública, los delitos de extorsión, microtráfico, homicidio, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de migrantes, así como el fenómeno del control territorial y social ejercido por las estructuras criminales.
En representación de los gobernadores presentes, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, expresó que “hemos evidenciado coincidencias notorias que ameritan acciones conjuntas y contundentes para que permitan lograr cambiar la dinámica en el territorio”. Añadió que tres estrategias son la columna vertebral de lo priorizado.
“En principio coincidimos en lo importante que es atacar las rentas criminales, como una de las formas de debilitar estas estructuras ilegales que hacen presencia en nuestros tres departamentos. Situaciones como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, cuyo subregistro no permite dimensionar la gran magnitud de esta problemática, pero que están en todos los territorios”.
Como segunda estrategia expuso “el control social y territorial, entendiendo trabajar por la seguridad y la protección del territorio, no solamente desde la perspectiva militar, sino poder fortalecer una verdadera política social que genere oportunidades, que consolide el bienestar y que construya la equidad”.
Y, como tercera, “trabajar por las capacidades operativas. Todo lo relacionado con las recompensas, todo lo relacionado con los carteles de los más buscados y acciones encaminadas para fortalecer el apoyo logístico”.
El ministro Iván Velásquez enfatizó en que la reunión de hoy “ya no es para el diagnóstico, para la evaluación, sino para la definición de acciones concretas y asumir también compromisos específicos en los diversos niveles de la administración, que favorezcan a las comunidades bajo el entendido, como lo decía el gobernador Benítez, que no es solo el tema de Seguridad exclusivamente, sino del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las personas, lo que tiene que impulsar nuestro accionar”.
Expresó que hubo un acuerdo en la mesa en cuanto a la necesidad de afectar las finanzas criminales “Impedir que estas organizaciones criminales, que derivan grandes riquezas de la actividad ilícita, puedan seguir disfrutándolas. Una forma de impedir también que la siguen disfrutando es mediante acciones de extinción de dominio e identificación de bienes. Perseguir esos bienes y naturalmente a sus propietarios en una política que va dirigida fundamentalmente contra los que el Presidente ha denominado tradicionalmente los dueños del negocio”.
Puntualizó agradeciendo “el interés, el entusiasmo, la dedicación, el compromiso de cada una de las gobernaciones, que presentaron su plan específico” y enfatizó en “la importancia que tiene este mecanismo de poder focalizar acciones, no solo del Gobierno nacional, sino en los acuerdos, en las acciones conjuntas con los Gobiernos departamentales, que va a hacer mucho más eficaz la lucha contra la criminalidad”.