El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal fue jefe de la contrainteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
La Audiencia Nacional española consideró “suficientes” las garantías de Estados Unidos en relación con la extradición a ese país del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, acerca de la pena de cadena perpetua que le podrían imponer los jueces estadounidenses.
El exgeneral venezolano, conocido como ‘Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, fue detenido en España el pasado mes de septiembre y está reclamado por EE.UU. por presuntos delitos de narcotráfico.
En un auto conocido ayer, los magistrados señalan que las garantías presentadas por Estados Unidos, de manera expresa y a través de su Embajada, son “suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes”, por lo que acceden a la demanda de extradición.
La decisión contrasta con la defensa del exgeneral, que pidió que se impidiera la entrega.
El pasado 22 de octubre la Audiencia Nacional dejó en suspenso la extradición, cuando estaba a punto de llevarse a cabo, al advertir que faltaba pedir a EE.UU. estas garantías que el pleno de la Sala de lo Penal se comprometió a solicitar cuando dio luz verde a la entrega.
Desde que fue detenido e ingresó en prisión, en septiembre pasado, tras casi dos años en paradero desconocido, Carvajal ha tratado de frenar su entrega: desde pedir asilo, que le fue denegado, hasta llegar al Tribunal Supremo español, que también rechazó su recurso contra el acuerdo del Gobierno para extraditarle.
Otra “jugada” fue la de prestarse a declarar ante un juez español sobre presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles del partido de izquierda Podemos de Pablo Iglesias, para la presunta financiación de esta formación política.
En firme la entrega de extesorera nacional de Venezuela
De manera paralela, la Audiencia Nacional española también confirmó la extradición de la exjefa del Tesoro de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, reclamada por blanqueo y organización criminal.
Supuestamente favoreció al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares.
Los magistrados, en un auto conocido ayer, desestimaron el recurso de súplica que presentó Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Hugo Chávez, contra su entrega, aprobada el pasado mes de octubre.
El tribunal argumenta que los hechos que atribuye la justicia norteamericana a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tienen un equivalente en España, requisito para la extradición.
Las autoridades de Estados Unidos sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho a participar en transacciones de cambio de moneda que le reportaron ganancias millonarias.
Según la demanda de extradición, para ocultar los pagos que permitían que Raúl Gorrín efectuase cambios de moneda extranjera para el Gobierno venezolano y asegurarse una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda, los implicados utilizaron cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias.
“Y se disfrazó numerosos pagos de sobornos a beneficio de Claudia Patricia Díaz Guillén”, añade la reclamación, efectuando pagos a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y a cuya extradición por estos mismos delitos, pero tramitada en un procedimiento aparte, también dio luz verde la Audiencia Nacional.
Los magistrados españoles destacan que el enmascaramiento de los importes transferidos a través de sociedades ficticias es lo que implica el lavado del dinero del soborno a Claudia Patricia Díaz Guillén.
De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 a 2017 Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido, participaron con otros en un “estratagema corrupta” en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos.