Entre los investigados de la Fiscalía por asuntos penales hay ministros, familiares y oficiales de la Fuerza Pública.
Al menos 28 funcionarios del gabinete, algunos de sus subalternos y personajes del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro, están inmersos en investigaciones penales, ya sea mediante expedientes abiertos o indagaciones preliminares. Pese a que es un número alto, los procesos parecen estancados y el fiscal Francisco Barbosa ha pasado de las declaraciones mediáticas al mutismo.
Según fuentes judiciales, la lista incluye a tres ministros, la exjefa de gabinete, seis embajadores, el comisionado de Paz, dos familiares del Primer Mandatario, miembros de la Fuerza Pública y subordinados de dependencias oficiales.
El caso que más ha golpeado la confianza en el Jefe de Estado es el de su hijo Nicolás Petro Burgos, diputado por la Asamblea de Atlántico.
El primogénito, a quien su propio padre pidió investigar, está inmerso en una indagación de la Fiscalía por presunta financiación ilegal cuando acompañó la campaña presidencial del papá.
La principal testigo en contra es su exesposa Day Vásquez, quien reveló varias conversaciones en las que Nicolás, presuntamente, habría recibido $1.000 millones de Samuel Santander Lopesierra (“el Hombre Marlboro”), un antiguo narco extraditado, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, investigado por nexos con el crimen organizado.
¿Parsimonia judicial?
Pese a los serios indicios, han transcurrido más de dos meses y la Fiscalía sigue en la etapa preliminar de la investigación, sin imputación de cargos. La actuación más reciente dentro del caso ocurrió la semana pasada, cuando el CTI inspeccionó la sede de la Asamblea, en Barranquilla, para recopilar evidencias por supuesto lavado de activos y financiación ilícita.
Esa misma semana, la Corte Suprema le negó al diputado una recusación en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, a quien señalaba de no ofrecerle garantías procesales.
Sobre esta indagación, el presidente Petro ha dicho que desconoce el ingreso de tales dineros y, frente a las actuaciones de su hijo, dijo: “Yo no lo crié”.
La aparente parsimonia del ente acusador también se ha visto en los hechos que involucran a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete, y a Armando Benedetti. Hay testigos, audios e interrogatorios, pero luego de un mes y medio de pesquisas y un equipo de fiscales designado para la investigación, todavía no deciden si archivar o pasar a las imputaciones.
De la lista de personas cercanas a Petro con indagaciones y expedientes penales, los más destacados son, aparte de los antes mencionados: Iván Velásquez, Alfonso Prada, María Urrutia, Danilo Rueda, Juan Fernando Petro, León Fredy Muñoz, el coronel Carlos Feria, Temístocles Ortega y Camilo Romero.
A continuación, un panorama de los hechos que los salpican, el estado de la investigación y la defensa que han esgrimido hasta ahora.
Los embajadores investigados
Implicados: Seis embajadores de Colombia fueron designados en sus cargos con denuncias y procesos penales en curso: Temístocles Ortega (Chile), León Fredy Muñoz (Nicaragua), Mauricio Baquero (Panamá), Víctor de Currea (Emiratos Árabes), Camilo Romero (Argentina) y Armando Benedetti (Venezuela).
Hechos: A Temístocles Ortega la Fiscalía le expidió un escrito de acusación formal en febrero de 2023, por hechos ocurridos en el periodo en que fue gobernador de Cauca (2012-2015). Según el ente acusador, al parecer celebró un contrato, de forma irregular, para ampliar la pista del aeropuerto de López de Micay por $2.600 millones. El trato habría incluido estudios de suelos falsos, fallas en diseños y gestión de licencias. El caso está pendiente del juicio oral.
León Fredy Muñoz (foto), embajador en Nicaragua, tiene un expediente abierto desde 2018, cuando fue detenido en el aeropuerto de Rionegro con 145 gramos de cocaína en el equipaje de mano. Han pasado cinco años y todavía no hay sentencia judicial.
Mauricio Baquero, el delegado diplomático en Panamá, tiene una investigación disciplinaria en la Procuraduría, pero que trata sobre un delito del Código Penal: un presunto acoso sexual. La supuesta víctima es una exsecretaria de la embajada en Singapur, con quien trabajó en 2017.
En una situación similar está Víctor de Currea, designado embajador en Emiratos Árabes, a quien varias exalumnas denunciaron públicamente por supuestos acosos cuando era docente universitario. Debido a eso, no tuvo más remedio que renunciar a su cargo.
Camilo Romero, embajador en Argentina, arrastra un proceso penal desde que fue gobernador de Nariño (2016-19). La Fiscalía lo señala por supuestas irregularidades en un convenio para la comercialización de aguardiente en su departamento, por $18.000 millones.
En cuanto a Armando Benedetti, llegó a la embajada de Venezuela con tres graves investigaciones a espaldas: lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presunto incremento patrimonial injustificado que detectó la Dian, entre 2009 y 2017, que ya le provocó embargos de propiedades en 2021, valoradas en $8.000 millones. También es investigado desde 2016 por una supuesta defraudación económica al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un caso de chuzadas ilegales de 2018, que involucra al exdirector del Gaula, general (r) Humberto Guatibonza, y a su empresa privada de asesorías legales.
Cargos: para Ortega y Romero, contrato sin cumplimiento de requisitos legales; para Muñoz, tráfico de estupefacientes; para Benedetti, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y fraude. En los casos de Baquero y De Currea, la Fiscalía todavía está en indagaciones preliminares y no ha formulado imputaciones.
Defensa: Todos se han declararon inocentes de las acusaciones. En el caso de Romero, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria, pero el expediente penal sigue activo en la Corte Suprema. A Benedetti, el fiscal Gabriel Jaimes pidió archivar el expediente por enriquecimiento ilícito, pero esto levantó sospechas y provocó una indagación paralela de la Comisión de Disciplina Judicial.
Feria de contratos en el corto Ministerio de María Isabel Urrutia
Implicada: María Isabel Urrutia Ocoró, exministra de Deportes.
Hechos: El 27 de febrero de 2023 el presidente Gustavo Petro anunció su primera barrida de gabinete y en una alocución televisada se despidió de los ministros de Educación, Cultura y Deportes. Según la investigación judicial, esta última aprovechó sus últimas horas al frente de la cartera para firmar 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Los beneficiarios, de forma inusual, renunciaron al mismo tiempo, alegando motivos personales, pero entre el 2 y el 6 de marzo fueron contratados nuevamente.
Con esta maniobra, les renovaron contratos que apenas duraban cuatro meses por unos de nueve meses, extendiéndolos hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese proceso de contratación “a mil por hora” y a dedo, al parecer se burlaron algunos requisitos, como los certificados de insuficiencia de personal para cubrir las funciones que cumplirían esos contratistas y los certificados actuales de aportes a la seguridad social.
El caso está en la etapa de imputación, y en dicha audiencia la Fiscalía expuso que “con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte”. Lo que sigue en este caso es la etapa de formulación de cargos, previa a un eventual juicio oral.
Cargos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Defensa: Urrutia se declaró inocente en la audiencia de imputación. Su abogado Daniel Caicedo recalcó en una entrevista radial que “en primer lugar, la ministra no firmó esos contratos. Los ministros no firman contratos de prestación de servicios porque esas son funciones que están delegadas (…). Lo que se hizo fue agilizar este tipo de contrataciones para que el Ministerio no sufriera ningún tipo de interrupción en su labor misional”. Por ahora, la exministra podrá defenderse en libertad.
Danilo Rueda y las coimas de la “paz total”
Implicados: Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, y Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.
Hechos: abogados y miembros de la mafia se quejaron porque, según ellos, le habían dado dinero a supuestos delegados del Gobierno para el proyecto de la “paz total” y al parecer los habían estafado. La información que circuló por los pasillos judiciales y pabellones carcelarios sugería que los narcos, extraditables y cabecillas de bandas estaban pagando, por intermedio de abogados, cifras que rondaban los $200 a $500 millones para que los nombraran facilitadores, voceros o gestores de paz; para que les frenaran la extradición o los trasladaran a cárceles con mayores comodidades.
Entre los supuestos pagadores estuvieron Juan José Valencia (“Falcon”), un narco del Clan del Golfo, quien luego fue extraditado; y el empresario y asesino Jorge López, hijo de la financista de paramilitares Enilse López (“la Gata”), a quien un juez le concedió la libertad porque había sido nombrado gestor de paz por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Debido al escándalo que suscitó la situación, el Gobierno tuvo que cancelar la designación.
Ante estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación en enero de 2023, en la que fueron llamados a declarar Juan Fernando Petro, hermano del Presidente de la República y miembro de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y quien había sostenido varias reuniones con mafiosos por fuera y adentro de las cárceles; y el alto comisionado, Danilo Rueda.
Cargos: Por definir, ya que la investigación sigue en etapa preliminar.
Defensa: Juan Petro se declaró víctima de un complot para perjudicar su imagen y la de su hermano. Por su parte, Rueda argumentó que había sido él quien denunció la situación ante la justicia, y que nada tiene que ver con las coimas y falsas promesas.
Chuzadas a la niñera y denuncias de dineros calientes en campaña
Implicados: Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, y su esposo Andrés Parra; Armando Benedetti, embajador en Venezuela; Alfonso Prada, exministro del Interior y ahora embajador en Francia; coronel Carlos Feria, jefe de Casa Militar de la Presidencia; y cinco policías subalternos.
Hechos: el robo de una gruesa suma de dinero de la casa de Laura Sarabia, la entonces jefa de Gabinete Presidencial, desató una trama de espionaje y supuesta extralimitación de autoridad. En enero de 2023 un grupo de policías, orquestados desde la Jefatura de Protección de Presidencia, gestionaron la interceptación de los celulares de la niñera y la empleada doméstica de Sarabia, haciéndolas pasar por integrantes del Clan del Golfo; luego sometieron a la niñera a un interrogatorio con polígrafo.
El 30 de mayo la Fiscalía hizo una inspección a la Jefatura de Protección de la Presidencia, buscando evidencia, y citó a declarar a cuatro suboficiales. Uno de los posibles testigos del hecho, el coronel Óscar Dávila, se suicidó el 9 de junio, lo que oscureció más este episodio.
Para agravar la situación, el mes pasado se revelaron los audios de unas conversaciones en las que Armando Benedetti le reclamaba a Sarabia por varios desplantes hacia él, de parte del presidente Gustavo Petro y de ella. En su diatriba, Benedetti dio a entender que en la campaña presidencial hubo una presunta financiación ilegal y afirmó que el exministro del Interior, Alfonso Prada, “se robó” el ministerio en compañía de su esposa. Recalcó que, si él hablaba, “nos hundimos todos, nos vamos presos”.
Cargos: están por definir, pues sigue la etapa preliminar, aunque la Fiscalía esbozó que podrían configurarse delitos como abuso de autoridad, peculado por uso, fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones, entre otros.
Defensa: Todos han dicho que actuaron conforme a la ley. En el caso de Benedetti, recalcó que habló en medio del despecho político y el licor, pero no ha detallado cuáles fueron las irregularidades en la campaña.
Sospechas por inacciones de la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán
Implicados: Iván Velásquez, ministro de Defensa; el exdirector de Policía, general Henry Sanabria; y otros siete subalternos.
Hechos: el 2 de marzo de 2023, en el sector Los Pozos de San Vicente del Caguán (Caquetá), una turba de campesinos e indígenas provocó una asonada en las afueras de una empresa minera. En el hecho fueron asesinados el subintendente Ricardo Monroy y el labriego Carlos Duarte, y secuestrados temporalmente 79 uniformados y seis empleados de la minera.
La Fiscalía y el Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar iniciaron indagaciones preliminares para determinar si hubo inacción de parte de las agencias de seguridad, que derivara en algún delito, como omisión de socorro. En el marco de esa noticia criminal ya fueron llamados a declarar el ministro Iván Velásquez; el exdirector de Policía, general Henry Sanabria; y el coronel Javier Castro, comandante de la Policía de Caquetá, entre otros.
En la Fiscalía hay otra indagación preliminar por otro caso que también involucra al ministro Velásquez: los presuntos sobrecostos en un contrato para la compra de vehículos 8 x 8 para las Fuerzas Militares. En abril de este año fueron llamados a declarar Velásquez y varios subalternos, como el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz; el director de Capacidades e Innovación, Javier Mondragón; la asesora de contratación estatal, Yenni Mora; y tres oficiales del Ejército relacionados con el proceso.
Cargos: Por definir, ya que las investigaciones están en etapa preliminar.
Defensa: En el caso de los secuestros, Velásquez adujo que actuó apegado a la ley, para evitar una masacre.