La Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Mesa Nacional de Víctimas solicitaron al Gobierno redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para atención y reparación de las víctimas del conflicto
Los entes de control señalaron que, a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.
Le recuerdan que, durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo donde 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias, se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado.
En el mismo periodo del año anterior se registraron un total de 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.
Según los informes presentados el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Reconocen los esfuerzos del Gobierno, pero lo instan a redoblar esfuerzos económicos e institucionales para garantizar atención de las víctimas.
En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales.
Además, por primera vez se contó con un estudio específico en materia de género que señaló que más de la mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres afectadas de manera diferencial. En esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades.
Finalmente, los órganos de control y los miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia por COVID-19