Al menos 286 municipios están en alto riesgo y otros 113 en riesgo extremo de cara a las elecciones regionales de octubre, advirtió hoy la Defensoría del Pueblo, que alertó de la real posibilidad de que se concreten las amenazas de grupos armados.
La Defensoría identificó nueve zonas de riesgo en el país en las que se concentran principalmente los municipios en riesgo extremo. Las dinámicas de violencia, aunque son distintas dependiendo de la geografía y los actores armados, tienen un factor común: ponen en jaque la jornada electoral del próximo 29 de octubre.
La primera zona es Arauca, donde seis municipios están en riesgo extremo; en ese departamento 188 personas han sido desplazadas este año y 411 familias permanecen confinadas. En el territorio hay presencia de disidencias de las FARC y algunas facciones del ELN.
Por su parte, en Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta hay presencia de tres frentes disidentes de las FARC, además de estructuras del ELN y EPL. En Tibú, además de esos grupos, se encuentran las Autodefensas Gaitanistas.
Este año, en esa región, ha habido siete masacres, 13 candidatos amenazados, cuatro líderes sociales asesinados y dos alcaldes que se tuvieron que marchar de sus territorios: el de Tibú y el de La Playa de Belén, quien renunció hace tres semanas y tuvo que salir del país y refugiarse en Alemania.
El sur de Bolívar, junto al Magdalena Medio, es otra de las regiones por las que la Defensoría lanzó una alerta. En esa zona 14 municipios se encuentran en riesgo extremo y vulnerabilidad frente al ELN, las AGC o Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
Diez líderes sociales se han visto inmersos en el fuego y terminaron asesinados, además de que ha habido diez conductas que vulneran los derechos de personas que participan directamente en el proceso electoral, como amenazas, hostigamientos, censuras y homicidios.
En el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño también ha habido diez asesinatos de líderes sociales en el 2023, en un territorio disputado entre el ELN, las Autodefensas y las disidencias. La alerta se traduce en seis municipios con riesgo extremo.
En Chocó el panorama es mucho más preocupante, pues hay quince municipios en riesgo extremo, más de 2700 personas desplazadas, entre las que hay cinco alcaldes, y otros cinco candidatos han sido amenazados. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre la presencia del ELN y sobre una “guerra sin cuartel” librada por las Autodefensas Gaitanistas.
La región de Cauca y Valle del Cauca es calificada como una zona geoestratégica para el tráfico de droga. Por ello están presentes no solo dos disidencias de las FARC, sino también frentes del ELN y carteles de droga mexicanos. El riesgo es masivo para líderes sociales, pues este año han matado a 32 de ellos.
La Defensoría indicó que entre 2019 y este año hubo un aumento de 39% de municipios en la cifra de municipios sobre los que se emitió advertencia. El principal motivo, dijo Carlos Camargo, es la “expansión y consolidación de grupos armados ilegales”.
En ese sentido, por ejemplo, las AGC pasaron de estar en 213 municipios en 2019 a 395 en 2023, mientras que el ELN está presente en 40 municipios más que el último año en que hubo elecciones locales.
Camargo instó a las autoridades a mantener una “agresiva presencia institucional en los distintos territorios”, consolidándose no solo en pie de fuerza, sino en otras medidas que ataquen problemáticas estructurales.
“Dejemos a un lado cualquier discusión intrascendente”, reclamó.
Entre las recomendaciones enviadas, le pidió al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, solicitarles a grupos armados “que se abstengan de intervenir en los comicios del presente año”.
Además, urgió a la Fiscalía y Policía para que fortalezcan sus mecanismos de recepción de denuncias.
Al Congreso y al Ministerio del Interior la recomendación fue hacer un proyecto de ley “destinado a la regulación en materia electoral con enfoque étnico y afro”, así como crear una comisión accidental que se encargue de desarrollar esa iniciativa.
Por último, la Defensoría le pidió a Ministerio del Interior realizar un diagnóstico sobre las garantías para que periodistas comunitarios e independientes puedan realizar su trabajo.
En un mes, señaló Camargo, nuevamente se emitirá un informe que registre qué tanto se ha actuado frente a la alerta de hoy./Colprensa