La Contraloría General de la Nación profirió un fallo con responsabilidad fiscal contra Electricaribe y su revisoría fiscal por $211.755 millones, por un manejo inapropiado de recursos del Fondo de Energía Social (Foes), destinados a personas en situación de pobreza en la región Caribe.
Este órgano de control pudo comprobar que entre julio de 2011 y octubre de 2016 hubo una omisión a la correcta aplicación de la norma que establece los dineros para el Foes, lo cual desencadenó en la pérdida del patrimonio público. Concretamente, con la auditoría iniciada en el año 2017, se encontró que lo que debía para la disminución de las facturas del servicio público en personas de estratos 1 y 2, se usó para que Electricaribe redujera sus pérdidas.
“Los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del Foes, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo”, detalló la Contraloría.
Al aplicarlos al consumo comunitario y no al de cada persona, estas últimas no vieron la disminución en sus facturas. En cambio, sí se favorecieron los ingresos de Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa.
Además, la Contraloría dijo que en forma solidaria con Electricaribe se falló con responsabilidad social contra PricewaterhouseCoopers Ltda. y tres de sus colaboradores, en calidad de revisores fiscales de la empresa.
Estos “avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador”, explicó el órgano de control.
La decisión en el caso
El fallo contra Electricaribe, empresa cuya una parte la opera Epm a través de su filial Afinia, fue proferido por la Contralora Delegada Interseccional número 5, de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
El procedimiento que se llevó a cabo para concluir esto fue el de revisar en promedio 1.800.000 facturas por mes, “de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil, bajo el esquema de minería de datos, así como, las pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a los largo de la causa fiscal”.
En últimas, tras la auditoría realizada para esos años, se encontró que Electricaribe “desconoció la esencia del subsidio Foes”, que es el de disminuir el valor de la obligación que tienen sus usuarios en las distintas facturas.