Todo el escándalo gravita en torno al anticipo de $70.243 millones que terminó en una cuenta del Citybank en Delaware (Estados Unidos), en desarrollo de este contrato.
La Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal por las irregularidades en el contrato que hizo parte de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, que el Ministerio de Tecnologías e Información, MinTIC, había suscrito con el consorcio Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $1,07 billones para la conectividad de los niños en diversas regiones de Colombia.
La Contraloría afirmó que por medio del artículo 16 de la Ley 610 de 2000 procederá a tomar las medidas cautelares correspondientes y adelantará las diligencias de pruebas para así solucionar y tomar una decisión respecto este proceso.
El proceso de responsabilidad fiscal está relacionado en particular con el anticipo de $70.243 millones, que se había entregado a pesar de no contar con las garantías correspondientes. Según se ha informado, la mayor parte de esa suma fue transferida a una firma con sede en Delaware, Estados Unidos, estado considerado un paraíso fiscal.
Al trámite fiscal, que está a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, fueron vinculados Adriana Vanessa Meza, representante legal delegada de Funtic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez, supervisor del contrato 1043 de 2020; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Carlos Enrique Páramo Samper, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, representante legal de ICM Ingenieros S.A.S, entre otros.
En la Fiscalía
Por su parte, Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, se presentó ayer ante la Fiscalía, a responder el interrogatorio por las presuntas irregularidades en el contrato de conectividad con el Ministerio de las TIC.
En la diligencia privada, Duque Torres le explicó a la Fiscalía acerca de la participación de esa entidad, en la suscripción de la supuesta garantía bancaria y de la póliza de la oferta en el contrato que habrían sido falsas.MinTIC ya declaró la caducidad del contrato.
El pasado viernes el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTic) confirmó la caducidad del polémico contrato.Unión Temporal Centros Poblados, según aseguró la cartera, incumplió con las condiciones del contrato, por lo que la declaración de la caducidad se configura como una decisión definitiva y sin lugar a apelaciones.Adriana Vivas Robles, delegada del MinTIC, argumentó la decisión recordando que la empresa presentó documentos falsos, lo que les permitió tener el anticipo de los 70 mil millones de pesos.
Mintic aseguró que ante la ausencia de la garantía bancaria del contrato, no se cumple un requisito de ejecución y por tanto el contrato es inejecutable de acuerdo con la ley.“Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la Unión Temporal vigentes con el Estado”, afirmó la ministra Karen Abudinen.