La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes decidió archivar el proyecto de ley 018 de 2021, el cual retomaba una iniciativa que ya había sido tumbada en octubre del 2020 y que pretendía el traslado de afiliados a fondos de pensiones privadas hacia Colpensiones.
Este proyecto argumentaba la inclusión de dicho artículo basado en el “restablecimiento de los derechos afectados a un grupo significativo de los sectores sociales más vulnerables al omitirse la obligación constitucional de brindarles la doble asesoría previa a la decisión de afiliación o traslado entre regímenes pensionales”.
Así mismo, la propuesta establecía unos parámetros mínimos como que los hombres debían ser mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47 años, sumado a una cotización mínima de 750 semanas. Sin embargo, no especificaba por cuánto tiempo podría llevarse a cabo este proceso y lo amparaba en la frase “por un breve lapso”, especialmente para aquellos casos que se vienen tramitando vía judicial.
Según lo expresó en su momento el Ministerio de Hacienda, el traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del Régimen de Prima Media (RPM), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad.
Para el ministerio, las personas que se trasladan entre regímenes con requisitos cercanos a los determinados para acceder a la pensión buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos del RPM que le beneficiarán con el reconocimiento de pensiones más altas de las que podrían haber obtenido en el régimen anterior.
El traslado de los afiliados tendría un costo cercano a $35 billones hasta el 2070.
Se trasladarían desde las AFP hacia Colpensiones 223.000 personas, de las cuales se estima que 59 % logra pensionarse, y que se trasladan hacía Colpensiones con cerca de $29,4 billones que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI), incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y que además implican la anulación neta de bonos pensionales por valor de $9,9 billones. Quienes se trasladan generan un costo en valor presente para la Nación por valor de $74.3 billones, que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas.