Congresistas argumentan inconstitucionalidad en la reforma a esta ley estatutaria.
El presidente de la República, Iván Duque, sancionó el pasado viernes la Ley del Presupuesto General de la Nación, incluyendo el polémico artículo que reforma la Ley de Garantías. En contra del articulado ya cursan tres demandas.
Ante la Corte Constitucional se han presentado varias demandas contra la Ley de Presupuesto, pues, pese a que un juez le ordenó al Gobierno Nacional no permitir la modificación de la Ley de Garantías, desde la Casa de Nariño se hizo caso omiso.
El exviceministro de las TIC, David Luna y el representante a la Cámara José Daniel López, fueron los primeros en anunciar la demanda en el alto tribunal, pues argumentan inconstitucionalidad en el articulado que fue aprobado en el Congresos de la República.
En la demanda, Luna y López piden a la Corte Constitucional suspender la aplicación de la norma, es decir, la modificación de la Ley de Garantías, pero adicional a eso, piden al alto tribunal revisar dicha reforma, pues argumentan, una ley estatutaria como la Ley de Garantías no se puede tramitar con el procedimiento para una ley ordinaria como la del presupuesto.
Por otro lado, el senador Roy Barreras, miembro de la oposición, también demandó el articulado.
“Aquí está la demanda de inconstitucionalidad que impedirá que eliminen la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral, para consolidar el fraude electoral llamado compra de votos”, señaló Barreras en sus redes sociales.
El representante a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, del Partido Verde, aseguró que demandó ante la Corte Constitucional el articulado del presupuesto, y ante la Corte Suprema de Justicia denunciará a los congresistas que votaron a favor de la ley orgánica.
Mientras tanto, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, aseguró en su cuenta de Twitter que “el presidente (Iván Duque) se burla y se salta la Constitución al sancionar una ley que viene con un mico terrible, que es la derogación de la Ley de Garantías, a través de la Ley de Presupuesto, algo que es a todas luces inconstitucional”.
La polémica
Dentro del Presupuesto General de la Nación, para la vigencia de 2022, se incluyó y se aprobó un artículo que deroga la Ley de Garantías, la cual prohibe que, cuatro meses antes de las elecciones regionales, legislativas y presidenciales, las entidades territoriales celebren convenios interadministrativos.
Según expertos, sin esta restricción, candidatos al Congreso o la Presidencia se podrían aprovechar para “aceitar maquinarias electorales” a través de compra de votos y clientelismo.