La Alianza de las Regiones, conformada por exgobernadores en Colombia y organizada para establecer una coalición política presidencial para el año 2022, planteó la construcción de una propuesta fundamentada en lo que ellos denominan “la revolución de las regiones”.
A través de una carta, los integrantes de la Alianza, precisan que, “los problemas se resuelven desde la región y no desde el centro de la nación”, y el modelo plantea cambiar toda la estructura agotada del gobierno, que mantiene las regiones pobres y sin desarrollo.
“Entregaremos a Colombia propuestas disruptivas, construidas conjuntamente con aquellos que nunca han tenido voz: los ciudadanos de a pie, esos que son la razón de ser de un País y que han permanecido olvidados; nuestra propuesta es escuchar para proponer, somos conscientes que debemos construir caminos que devuelvan la fe y la unidad a los colombianos de todas las tendencias”, precisa el documento firmado entre otros por los exmandatarios Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Eduardo Verano de La Rosa, (Atlántico), Dumek Turbay Paz, (Bolívar), Luis Pérez Gutiérrez, (Antioquia), Óscar Campo, (Cauca), Sigifredo Salazar Osorio, (Risaralda) y Guido Echeverry (Caldas).
Argumentan que la implementación de la Constitución del 91 no ha sido exitosa en bajar la pobreza, ni mejorar la justicia ni dar oportunidades a la juventud que quiere participar en la transformación de un país más justo y menos vetusto.
Agregan que, de cada $100 pesos de impuestos que recibe la nación, $5 se van a los departamentos; $12 a los municipios y $ 83, casi todo, se queda en la nación. La nación se gasta en funcionamiento $120 billones; Hay unanimidad que el Gobierno central es derrochón y burocratizado. En los últimos 8 años, ha aumentado en más de $5 billones anuales la burocracia y el derroche.
Contextualizan precisando que, la Contraloría General de la Nación en documento de marzo de 2021, informó que, a los grandes capitales, este gobierno, en la reforma tributaria de 2018, les dio exenciones que le cuestan al país y a los ciudadanos $8.7 billones anuales, donde están los bancos con 2.4 billones de exenciones. En diez años son más de $87 billones de pesos.
Precisan que el Gobierno nacional tiene que tener el carácter para derogar de inmediato esas injustas exenciones. Los grandes capitales no necesitan esos regalos y así lo ha dicho la ANDI. Interpretando la voz de la calle, el pueblo, no puede pagar los impuestos que le corresponden a los grandes capitales. La reforma que se realice, debe pensar no solo en el asistencialismo sino en la reactivación económica y la generación de empleo.
Además de la matricula cero, quedarían 500.000 jóvenes cada año por fuera de la universidad por falta de cupos. La Alianza de las Regiones propone crear 32 Universidades Digitales Públicas, una por departamento que ofrezcan mínimo un millón de cupos gratis, para los jóvenes sin recursos.