La situación se genera después de la intervención que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La EPS Sanitas enfrenta serias acusaciones por presuntamente dejar desatendidos a niños con enfermedades huérfanas y discapacidades en Montería. Padres de los menores denuncian que, a pesar de las afirmaciones de la Superintendencia de Salud sobre la continuidad de los servicios, la situación es diferente.
Según los denunciantes, varios niños con diversas patologías ya no reciben atención en el Centro de Rehabilitación Niños Felices, el cual fue excluido de los proveedores de atención. Los pacientes fueron remitidos a otro proveedor que, según los padres, no cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio óptimo.
Los afectados cuestionan la decisión, especialmente porque Sanitas continúa en convenio con el Centro de Rehabilitación Niños Felices bajo la administración de la Superintendencia de Salud.
«La EPS está violando el derecho a la salud y a la vida de estos niños al interrumpirles el tratamiento y cambiarlos a otro centro sin justificación válida», expresó uno de los denunciantes.
Los representantes de los niños defienden su derecho a elegir la IPS que atienda a sus hijos, conforme a la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la cual regula el derecho fundamental de petición y sustituye un título del código de procedimientos administrativos y contencioso administrativos.
«Exigimos una respuesta inmediata», declararon los denunciantes, quienes han presentado quejas ante la Superintendencia de Salud, pero aún no han recibido respuestas satisfactorias.