La Corte Constitucional admitió una demanda contra la Ley 2281 de 2023, que crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad, sancionada por el presidente Gustavo Petro.
La demanda fue presentada por varios congresistas de la oposición como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe y José Jaime Uscátegui, entre otros, quienes aseguran que existían diversas irregularidades en la ley que determinó la creación del nuevo ministerio.
Los demandantes manifestaron que se desconoció la obligación del Legislador de evaluar el impacto fiscal de la iniciativa, debido a que los ponentes del proyecto reconocieron que no se tenía claro los costos del nuevo ministerio y aun así los estimaron por 18.239 millones de pesos.
“La exposición de motivos del proyecto de ley afirmó de manera genérica que la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad se enmarcará en la política de austeridad, pero omite cuantificar el costo de su creación”, expresaron.
Aseguraron que la plenaria aprobó el proyecto, pese a que no analiza los costos de la iniciativa y no señala la fuente de financiación de la medida, “interrogante que nunca fue resuelto ni por los ponentes ni por el Gobierno Nacional durante el trámite legislativo”.
Los demandantes aseguraron que había falta de claridad y precisión de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, porque la ley que habilita al presidente para crear, suprimir o fusionar entidades sin ningún control desborda los límites constitucionales y tiene implicaciones fiscales a la Nación.
Finalmente, expresan los demandantes que la aprobación del informe de ponencia para primer debate no tenía quórum ni mayorías requeridas, ya que en el momento de la votación “solo 9 senadores se encontraban presentes en la sesión, lo que significa que hacían falta dos más para completar el quórum decisorio”.
BOGOTÁ (Colprensa).