La Corte Suprema condenó al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos a 95 meses de cárcel por concierto de delinquir, situación que llevó al exmandatario a responder públicamente diciendo que él es inocente.
El condenado, que por ahora seguirá en libertad, compartió en su cuenta de Twitter dos mensajes –uno en video y otro en texto– en los que reitera que ha “sido víctima de falsos testigos, cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia”.
Ramos aseguró que junto a su defensa apelará en segunda instancia para demostrar la inocencia y revertir lo hoy decidido por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.
“El magistrado ponente en primera instancia se declaró impedido para continuar con mi caso, manifestando su evidente animadversión y ausencia de imparcialidad, además de una afectación grave, actual y cierta del debido proceso, tal como lo señaló la Corte Constitucional”, son las palabras que siguen en el video subido a la red social.
El exgobernador se refirió en estos términos al magistrado Ariel Augusto Torres. Y se sumó a lo dicho por uno de los otros togados de la Sala, el cual salvó voto. Se trata de Jorge Emilio Caldas, del que Ramos rescató palabras que dicen: “el procesado debe ser absuelto bajo el entendido que en nuestro ordenamiento jurídico-penal se sanciona a la persona por sus actos y no por ser quién es”.
La condena
La Corte condenó a siete años de cárcel por concierto para delinquir con el fin de promover grupos armados ilegales. En el caso de Ramos, se trata de grupos paramilitares.
Ramos obtuvo una inhabilidad “intemporal o vitalicia” para ocupar cargos públicos y una multa de 7.749,65 salarios mínimos legales vigentes.
Uno de los testigos citados por este tribunal sostuvo que Ramos se reunió con paramilitares para acordar puntos de la Ley de Justicia y Paz. En dicha reunión estuvieron los hermanos Carlos y Vicente Castaño, miembros fundadores y comandantes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas reuniones habrían ocurrido en 2005.
Respecto a esto, la Corte anotó: “un elemento esencial que estructura el concierto para delinquir lo constituyen los acuerdos a los que llegaron, con los propósitos mencionados, políticos del departamento de Antioquia, entre ellos el aquí acusado (Luis Alfredo Ramos), con jefes de grupos paramilitares y sus estructuras delincuenciales que hicieron presencia en la región con gran influencia proselitista”.
Aunque el juicio de Ramos había concluido en 2017, la Corte Suprema aún tenía pendiente la sentencia en lo tocante al delito de concierto para delinquir.