Con una serie de observaciones, el Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto favorable para el Proyecto de Ley 067 de 2020, presentado en mayo del año pasado por medio del cual se pretende restablecer el derecho al sufragio de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
La entidad destacó que el proyecto de ley, una iniciativa legislativa presentado por el senador José Ritter López (Partido de la U), cuenta con un propósito viable teniendo en cuenta que “contribuye con la resocialización como fin de la pena y, como se indica en la exposición de motivos, propende por la inclusión del condenado en la convivencia social”.
Pese a esta luz verde que le dan a la normativa, el Consejo Superior de Política Criminal sugiere que en el Congreso se discutan temas como, por ejemplo, si es pertinente restablecer el derecho al sufragio de las personas condenadas en todos los casos o si, por el contrario, deben estipularse algunas excepciones.
Lo que plantean es que se debe analizar esos delitos que atentan contra los bienes jurídicos de los mecanismos de participación democrática o la administración pública, por poner algunos ejemplos.
Una segunda observación que hacen al proyecto de ley es si el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) será la entidad encargada del manejo y del ingreso de los candidatos de los procesos electorales a los establecimientos carcelarios.
También argumentan que se debe contemplar la manera en la que se reglamentará el proselitismo político dentro de los establecimientos carcelarios.