Según la ONG Temblores, se está vulnerando su derecho a la información, porque el Gobierno de Iván Duque no ha respondido sus cuestionamientos alrededor de las recomendaciones de la CIDH, que determinó abusos por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes del paro nacional.
La ONG Temblores, que hizo un seguimiento a la extralimitación de la fuerza pública durante el paro nacional, radicó una tutela ante el Consejo de Estado en contra de la Presidencia de la República y la Cancillería para proteger su derecho a la información, debido a que el gobierno Duque no ha respondido a las múltiples preguntas que ha hecho la organización para saber qué ha hecho con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la nación tras comprobar que hubo abusos en las manifestaciones.
La Cancillería fue la encargada de responder y en su momento dijo que las recomendaciones “no eran vinculantes”. Esa misma respuesta le dio Presidencia al Consejo de Estado.
Entre las preguntas que hizo Temblores al Gobierno están: “¿El Gobierno ha dialogado con los sectores vulnerables? ¿Se ha garantizado la independencia de los poderes públicos? ¿Protegieron a los testigos ante la CIDH? ¿Se elaboró un protocolo de prevención y sanción de extralimitación policial? ¿Ya hay razón de los desaparecidos?”.
Las recomendaciones no cayeron bien en el gobierno
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó el 7 de julio de 2021 el informe sobre lo ocurrido en el Paro Nacional en Colombia y en este hizo algunas sugerencias y recomendaciones. El trabajo se hizo a partir de la visita que realizaron al país entre el 8 y 10 de junio de ese año.
Entre sus principales recomendaciones está el sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y confirmó que en el país hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la institución, además, señaló que los bloqueos hacen parte de las formas de ejercer el derecho a la legítima protesta pacíficas y que al prohibirlos sería contradictorio con la misma ley.
El informe no fue muy bien recibido por el Gobierno nacional, que reaccionó de forma negativa y desde sus diferentes representantes señaló que no acogerían las recomendaciones y que el informe evidencia sesgos de izquierda. Incluso, el presidente señaló que la CIDH le estaba sugiriendo ser tolerante con la criminalidad.
“Yo creo que aquí tenemos que ser claros, aquí nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un Gobierno respetuoso, como se lo hemos expresado a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía”, puntualizó en ese momento el mandatario Iván Duque.
En su pronunciamiento, el presidente volvió a condenar los bloqueos y aseguró que su Gobierno seguirá tomando acciones frente a dichos sucesos: “Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. Vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo al ser restringidas en su movilidad por cuenta de esos bloqueos y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro código penal”,subrayó Duque.
Frente a la crítica del gobierno Duque sobre los bloqueos y las sugerencias que hizo la CIDH y la evidente molestia que creo en algunos sectores, la entonces presidenta de la comisión, Antonia Urrejola, ratificó que los bloqueos no pueden ser prohibidos, pues son una modalidad de protesta.
“El derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, es un derecho esencial en cualquier sociedad democrática y nos parece que prohibir una modalidad de protesta va contra el derecho a la protesta y es muy complejo hacerlo. Por lo tanto, nuestro llamado es que se debe hacer un análisis caso a caso, respecto a medidas que sean menos lesivas y por lo tanto, levantar los bloqueos de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno de ellos”, puntualizó Urrejola.