La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, radicó ayer ante el Congreso el proyecto de ley que busca reformar el Código General Disciplinario, lo cual busca fortalecer los expedientes disciplinarios de los servidores públicos elegidos popularmente.
Cabello tomó como referencia para el proyecto el caso de Gustavo Petro cuando fue destituido e inhabilitado cuando desarrollaba su administración como alcalde de Bogotá; la funcionaria se acogió a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 8 de julio de 2020 y condenó al Estado Colombiano por lo ocurrido a Petro.
La iniciativa legislativa está resumida en tres puntos: facultades jurisdiccionales, división en las fases investigativas y doble instancia.
Sobre la primera, el Ministerio Público, propone al Congreso que las funciones jurisdiccionales en el ámbito disciplinario sean ampliados y con ello poder actuar como jueces cuando se den sanciones de inhabilidad o destitución.
En cuanto a las fases investigativas, lo que se pretende con el proyecto es que las etapas de pesquisas y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios para de esta forma evitar que estos lleven a cabo descargos y juzgamientos.
En tanto que con la doble instancia, se busca la creación de una sala de juzgamiento que garantice todos los procesos y la configuración más apta de los procesos y las categorías disciplinarias.
“El presente proyecto en consecuencia fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó Cabello.