Son muchas las aristas que tiene el caso del relleno sanitario Loma Grande. En esta oportunidad, los habitantes de dicha vereda de Montería hicieron duros cuestionamientos a la Procuraduría, en especial, a su delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios.
En medio de una mesa de diálogo que se levantó, con presencia de la Alcaldía y representantes de otras entidades como la Personería, Defensoría y la misma Procuraduría, los lugareños expusieron su inconformidad con el proceder del Ministerio Público, toda vez que ordenó hace varias semanas, eliminar el sellamiento que había hecho la CVS a un punto de presunto vertimiento de lixiviados.
A la voz de la comunidad, la entidad del Estado ha obrado sin conocer de cerca las afectaciones que han sufrido en los últimos meses.
“Pasa que hay funcionarios que no saben por dónde le entra el agua al coco, contestan desde una oficina en Bogotá, en su comodidad, en el aire acondicionado, pero no dimensionan lo que está pasando. Hemos conocido pronunciamientos de la Procuraduría, que lo hemos discutido con la población, y existe un sesgo donde se va más a darle el lado Urbaser que a la comunidad. Eso nos ha generado molestia”, indicó el gobernador del cabildo indígena Jaraguay, Rafael Gómez.
La situación a la que se refiere el líder indígena está sustentada en un documento de tres páginas que emitió la Procuraduría, en el que no solo se ordena levantar el sellamiento de dicho punto de presunto vertimiento de lixiviados, sino que, además, responsabilizó a la CVS del represamiento de aguas lluvias contaminadas.
En su momento, la Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, solicitó tanto a la CVS como al municipio, adelantar “una caracterización de las aguas fisicoquímicas, bacteriológicas y de materiales pesados para poder determinar la posible contaminación”, pese a que la corporación ya había advertido de la presencia de lixiviados en los líquidos que inundaron un predio cercano al lugar de operación del relleno, con base a un estudio que realizó la el Laboratorio de Aguas de la Universidad de Córdoba.
Y es que, según el Ministerio Público, la CVS debía “restituir el cauce del drenaje natural, suprimiendo ese taponamiento”, muy a pesar de que la autoridad ambiental local insistía en que “las aguas que hacen tránsito por este punto contienen presuntos lixiviados que llegan hasta el Caño El Purgatorio, de allí continúan su curso hasta el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú”.
“Inclusive, le han jalado las orejas al municipio y a la CVS, teniendo en cuenta que la corporación no tenía la competencia sobre el relleno sanitario, hasta hace poco”, concluyó el líder indígena.
En este sentido, solicitaron la especial atención de la entidad, en el marco de este proceso que cursa en la vereda Loma Grande, y para este 12 de julio, los habitantes terminaron por permitir el paso de los vehículos compactadores, por la presencia del Esmad.