Cabe recordar que el propósito del proyecto es brindar alimentación a las víctimas de desastres en 14 corregimientos en Córdoba.
Luego de la polémica que surgió en el país por presuntas irregularidades con contratos para ollas comunitarias en el departamento de Córdoba por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Procuraduría inició una investigación previa.
De acuerdo con el Ministerio Público, la denuncia señala que una de las órdenes de proveeduría para “ollas comunitarias” habría sido asignada a contratistas para favorecer la campaña política del hermano del entonces subdirector de la UNGRD, Víctor Andrés Meza Galván, quien recientemente fue declarado insubsistente por presuntos actos de corrupción.
La queja también señala que la orden de proveeduría se habría firmado en el mes de septiembre de 2023, con fundamento en un decreto que, al parecer, se expidió dos meses después.
Ante esto, la Procuraduría, para la etapa de investigación, requirió copia del proyecto denominado «Ollas Comunitarias” para llevar comida a personas de cerca de 14 corregimientos de Córdoba, así como de los contratos suscritos bajo esta iniciativa.
El ente disciplinario también solicitó los documentos correspondientes que permitan determinar las razones por las cuales se expidió la Resolución mediante la cual se declaró insubsistente a Meza Galván, en su condición de subdirector general de la UNGRD, la cual fue emitida el 22 de febrero y firmada por el entonces director de la entidad, Olmedo López.
Asimismo, el pasado 20 de marzo, habitantes de la región de La Mojana también se hicieron sentir para denunciar «malos manejos» que le están dando a los programas del Gobierno nacional.
De hecho, ante el presidente Gustavo Petro Urrego, los mojaneros denunciaron que las ollas comunitarias de su programa comida caliente no estaban siendo manejadas por las Juntas de Acción Comunal (JAC) como él lo ordenó, sino que estaban en manos de politiqueros.