El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Ricardo Alarcón, manifestó que ya se encuentran sancionadas varias de las personas que en la noche del viernes 4 de septiembre participaron de la llamada ‘Covi-fiesta’ y donde algunos de ellos agredieron física y verbalmente a la pediatra Dalila Peñaranda y a su empleada Carmen Pérez.
Las multas a estas personas se les hizo por no acatar los decretos impartidos por el Gobierno Nacional, que prohíben las aglomeraciones y fiestas, con el fin de combatir la pandemia del coronavirus, sobre todo en los recintos cerrados.
El oficial dijo a los medios de comunicación que entre los sancionados y multados se encuentran Fanny Franco y Martín Caro Parra, quienes son los arrendatarios del apartamento donde se llevó a la denominada ‘Covi-fiesta’ y en la que, según los videos grabados por ellos mismos, se aprecia que había más de 20 ciudadanos, entre hombres mujeres y menores de edad.
El brigadier general, manifestó que también se le hizo un comparendo sancionatorio a Gleny Barranco Vargas, quien es la administradora del edificio La Ría, sitio donde se permitió la fiesta, con ingesta de licor y música, cuando eso no está permitido por los decretos impartidos por el Gobierno Nacional, con el fin de contener la pandemia.
El Comandante de la Mebar, añadió que, por incumplir, desacatar, desconocer en impedir la función o la orden de Policía, fueron sancionados Alfredo Bendeck Suárez, Iván Cepeda Morales, Heber Blanco Bendeck, Nerge Manzur Paliz y Gustavo Pavajeau Maestre.
El General Alarcón manifestó que, además de las sanciones por incumplimiento de los decretos a raíz del COVID-19, en estos momentos hay en curso dos denuncias de carácter penal. La primera, es la que hicieron los apoderados de la pediatra Dalila Peñaranda y a su empleada Carmen Pérez, en contra de Jalim Rebaje y Asad Barake, quienes serían las personas que las agredieron y que quedaron registradas en los videos del edificio.
La segunda demanda es la que interpuso el agente de la Policía Metropolitana por ataque al servidor público, que daría medida privativa de la libertad entre 4 y 8 años.
“Lo que esperamos como institución es que las autoridades se pronuncien de una manera ejemplarizante, no sólo por las agresiones contra estas dos mujeres, sino por lo que significa y representa agredir a un miembro de nuestra institución”, terminó diciendo el general Ricardo Alarcón.