Por: J. J. Rubiano
La determinación de Electricaribe de demandar a varias ciudades de la Región Caribe reclamando el pago de miles de millones de pesos por el supuesto consumo de energía de barrios subnormales de esta región del país, fue recibido con disgusto y como un descaro de la empresa prestadora del servicio de energía para la costa norte colombiana.
En ese sentido los Congresistas de la Bancada Caribe en el Congreso de la República, emitieron un comunicado en el que señalan:
Esta bancada que representa a casi 10 millones de habitantes que viven en cada una de las ciudades que integran la Región Caribe, tiene la obligación y el derecho de defender los intereses de quienes representa, y por ello se abroga la facultad de exigirle a Electricaribe o a cualquier otra empresa que preste un servicio público, respetar a sus ciudadanos y a las entidades territoriales en donde estos habitan.
No se le puede olvidar a esa empresa y a quien hoy la representa que esta Bancada en conjunto con el Gobierno Nacional construyeron y aprobaron lo que se ha llamado el Plan de Salvamento del Servicio de Energía en la Región Caribe, y como consecuencia de ello entre muchas otras acciones, solicitamos, apoyamos y aprobamos billones de pesos para que Electricaribe pudiera seguir prestando el servicio de energía, y no nos viéramos condenados a un apagón total, causado por la ineficiente administración de esa compañía.
La bancada de la Región Caribe así mismo se constituyó en una aliada de esa compañía, coadyuvando ante el Gobierno Nacional para que esa empresa pudiera recibir los recursos que le permitirán invertir en sus destartalados equipos, y con ello garantizar que el servicio no se dejara de prestar en ningún caso.
Por todo lo que hemos hecho por esa empresa, no es entendible que la Región Caribe, que ha asumido de manera civilizada durante muchos años un alto costo económico y social por la negligencia y negativa de Electricaribe de invertir en el mantenimiento y reposición de su vetusta infraestructura, resulte ahora que las ciudades de esta zona del país terminen debiéndole a una empresa que se ha caracterizado por la pésima calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, y ahora por su maldad y perversidad.
Inaceptable que acudan a un juez que no es el competente, a sabiendas que, si acudieran ante un juez administrativo, deberían plantear una controversia contractual y de reparación directa sobre la cual operaría la caducidad por haber transcurrido más de 2 (dos) años, de los supuestos hechos que hoy reclaman.

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