Se aprovechó de su cargo para acceder a sistemas de los ministerios.
Diana Carolina Morales Palma, de 27 años, patrullera de la Policía que podría ser destituida, aceptó los cargos de peculado por apropiación, fraude procesal, desobediencia, acceso abusivo a sistema informático y peculado por apropiación en modalidad de tentativa que un fiscal delegado del Fiscal General de la Justicia Penal Militar y Policial le imputó por desviar cerca de 300 millones de pesos aprovechando su cargo en el área financiera de la dirección Administrativa y Financiera de la dirección general de la Policía Nacional.
EL TIEMPO tuvo acceso al expediente en contra de Morales, quien fue capturada la semana pasada en las instalaciones de la dirección de la Policía Nacional por un grupo de investigadores de la Policía Judicial (Dijín), que desde el 12 de noviembre recibió la denuncia por parte de la misma Policía y que por tratarse de una acción delictiva en servicio fue asumida de inmediato por el Fiscal de la Justicia Penal Militar y Policial que apoyó a la Dijín, que adelantó las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por espacio de dos días.
«Nuestra preocupación era que la patrullera, al parecer informada de la investigación en su contra unos días atrás, tratara de borrar los procesos y la información de sistemas, por lo que se ejecutó la captura de inmediato», aseguró una fuente enterada del caso.
De acuerdo con el documento, la patrullera, «valiéndose de su cargo y función, realizó unas transacciones de pago a favor de terceros como acreedores varios a través de los sistemas de información SIIF Nación II, propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y SAP, del Ministerio de Defensa».
Estos dos sistemas son los acreditados para los pagos, «hacen parte del tesoro público» y son los que giran dineros a nombre de los acreedores, en este caso de la Policía Nacional.
Las cantidades que giró
La uniformada fue capturada por efectivos de la Dijín.Foto:
Policía Nacional
Es así como los investigadores a cargo del proceso lograron establecer que Morales ejecutó «el pago de cuatro transacciones por un valor total de
$ 286’376.656,46 y el trámite en proceso para el pago de
$ 75’000.000, los cuales no fueron consumados debido al control y verificación realizado por la misma entidad».
El grupo de investigadores logró establecer que la patrullera hizo los pagos a supuestos acreedores, pero nunca los registró como lo ordena la ley, pues no se encontraron los soportes «en el ítem pago acreedores a beneficiario final y consideraciones subsiguientes«, por lo que se infiere que la funcionaria se benefició de los mismos.
En el proceso se relacionaron varios pagos irregulares, a nombre de cinco civiles como acreedores, cuyas identidades este diario se abstiene de dar a conocer para no entorpecer la investigación, «ya que serán investigados dentro del proceso», afirmó la fuente.
El primer pago se ejecutó por un valor de $ 89’564.195,88 según orden de pago no presupuestal n.º 224322922, dinero que se consignó a una cuenta de ahorros que este diario omite por la reserva del proceso.
Otros dos giros se realizaron a un hombre por $ 69’872.432,25 según orden de pago no presupuestal n.º 307120122 y por $ 37’985.687,31 según orden de pago no presupuestal n.º 307123122. Dineros consignados a una cuenta de ahorros.
Los investigadores ubicaron otro pago por $ 88’954.341,02 según orden de pago no presupuestal n.º 307125622, dicho pago presentaba un endoso a favor de un tercero, dinero que fue girado a una cuenta de ahorros.
Finalmente, se encontraron tres registros de acreedores de pagos no presupuestales a tres hombres, los cuales no se alcanzaron a consumar debido al control efectuado por los investigadores al frente del caso.
«No se descartan dentro de este proceso nuevas capturas a corto plazo, resaltando que la denuncia la hizo inicialmente la Policía Nacional», dijo la fuente, quien añadió que la patrullera podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión, «pero como aceptó los cargos, muy seguramente se hará beneficiaria de las reducciones de pena por ley».
Ahora mismo, la mujer se encuentra recluida en los calabozos de la Dijín.