El alcalde de Puerto Libertador, Eder Soto, hizo un duro reclamo al Gobierno Nacional porque luego de intervenir la vereda El Alacrán, territorio de explotación minera artesanal por más de cuatro décadas, provocó una emergencia humanitaria y le dejó el problema al municipio.
Al concluir un consejo de gobierno el mandatario hizo flanco de sus reclamos al ministro de minas y energía, Diego Meza, a la Agencia Nacional Minera, y al conjunto de instituciones del Estado para que dejen de ser actores pasivos con el problema social que enfrentan con 350 familias de la vereda El Alacrán.
“Pido al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería que hagan un esfuerzo. Es triste que desde que se generó el problema, nos han dejado solos, cuando desde hace un año lo anunciamos y nadie nos ayudó, ahora tenemos que afrontarlo solos”, expresó el mandatario.
Sin desconocer que la explotación minera que autorizó el Gobierno es un proyecto de interés nacional y que el Estado quiere defender al inversionista privado, estos propósitos no pueden pasar por encima de seres humanos abandonados a su suerte.
Las familias de la vereda El Alacrán están en un refugio humanitario que se surte de donaciones para sostener a las familias, “pero eso es insostenible en el tiempo”, reflexionó el burgomaestre de Puerto Libertador.
En ese municipio apartado del extremo sur de Córdoba, con un cinturón de pobreza enorme, con el mayor número de víctimas y desplazados por la violencia de la región, observó cómo el Estado, previa entrega de título minero a una empresa extranjera, expulsó del territorio a los habitantes de la vereda El Alacrán que desde hace más de 40 años con reconocidos como mineros artesanales, pero ahora son rotulados como instrumentos de la banda criminal ‘clán del golfo’.